“(Ernesto) Clarens manejaba un detalle del plan de obras viales”, declaró ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) el empresario Franco Gagliardo, de la compañía Obring. Citado como testigo en el marco del juicio de los Cuadernos de la Coimas, contó un llamado telefónico del financista K que cumplió un rol clave en el entramado de sobornos determinados en el tramo conocido como la “camarita”. Según relató, le dijo que él -sin ser funcionario público-, “conocía el plan de obras que se venía” y que algunas de esas rutas “vinieron como dijo, otras no”.

El empresario rosarino estuvo investigado en 2018 en el marco del expediente que desentrañó un esquema de sobornos que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal y que contó con el aporte “indispensable” del empresariado: compañías de diversos rubros y que eran contratistas del Estado.

Durante la pesquisa, el juez federal Claudio Bonadio dictó la falta de mérito para Gagliardo, integrante de la compañía familiar conocida como Obring.

Ante el TOF 7- integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- el empresario contó que en un momento lo llamó telefónicamente Ernesto Clarens, el financista K que se convirtió en uno de los 31 imputados colaboradores cuyo testimonio fue central para conocer en detalle cómo funcionó la cartelización de la obra pública. En este expediente, uno de los casos conexos se concentra en esa estructura y fue apodada como “la camarita”, porque hacía referencia a las firmas nucleadas en la Cámara de la Construcción que fueron parte de este sistema discrecional de otorgamiento de obras viales.

”No sé cómo consiguió mi teléfono pero me llamó. Yo había escuchado rumores respecto a quién era Clarens, un lobbista del gobierno, alguien con relación con Vialidad Nacional y que prestaba servicios financieros”, dijo Gagliardo en un tramo de su declaración testimonial.

Cuando se le consultó sobre el contenido de aquella primera conversación telefónica, el empresario indicó: “No me dio mayores explicaciones, sólo me dijo que me podía dar una mano y que cuando estuviera por Buenos Aires me reuniera con él. Mi padre no podía venir a Capital Federal, entonces me dijo que me reúna con Clarens”.

Aquel encuentro tuvo un mensaje “poco preciso”, según recordó Gagliardo. “(Ernesto) Clarens me dijo que se venían obras en la zona y que me presente, que él me podía dar una mano y que iba a haber trabajo para todas las empresas. No me dijo tampoco cómo nos iba a ayudar, pero insistió en que nos presentemos”.

Uno de los datos brindados por el testigo fue que el financista K “dijo que él conocía, tenía un detalle del plan de obras que se venía. A nosotros nos interesaba participar de obras nuevas que pasaban por nuestra Región. Él, sin ser funcionario, nos dijo que tenía el plan de obras”.

Cuando le preguntaron cómo era posible que, sin ser funcionario público, Clarens tuviera conocimiento e información respecto al programa de obras viales que se iba a impulsar desde el organismo que dependía del Ministerio de Planificación Federal, el empresario consignó que podía responder a “a sus contactos, a su relación con Vialidad, por su acercamiento con el Gobierno”.

Cuando el financista kirchnerista se convirtió en imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli, entregó ante la justicia un listado de empresas que le llevaban dinero en efectivo, moneda nacional, para que él los cambiara por dólares, ya que las coimas exigidas por los ex funcionarios debían abonarse en divisas.

El aporte de esa planilla fue en el marco del tramo conocido como “la Camarita”. El sistema operó de la siguiente manera: primero las empresas integrantes de la Cámara de la Construcción se disputaban cuál sería la adjudicataria de una determinada licitación; ello, según un código informal, “claramente no identificado con las normas de competencia de libre mercado- que incluía rankings y devolución de favores”, dice la acusación.

Una vez que se decidía qué empresa resultaría ganadora, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba las erogaciones. En ese momento, comenzaba el circuito recaudatorio que tenía a Clarens como primer receptor de los montos dinerarios o “retornos”, abonados por los empresarios en carácter de contraprestación.

En los casos de contrataciones que incluyeran anticipos financieros, la suma de dinero a entregar a los funcionarios públicos correspondía a un porcentaje del monto ofertado por la obra, en general, entre un 3% y 20%.

Cuando no se abonaban anticipos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra. Clarens lo contó así: “los primeros retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos. Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto".

La cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra que se debía pagar, se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra”, consta en la acusación.

Como parte de su confesión, el financista adjuntó la planilla que llegó a la ex AFIP, y estimó que el caudal de dinero que circuló por este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los 30 millones de dólares”.

Sobre ese esquema, el empresario Gagliardo relató este jueves que Ernesto Clarens le había contado que en la zona que era jurisdicción de Obring “se iban a realizar obras, que me presente y que él nos podía dar una mano, pero insistió en que nos presentemos. Analizamos el sistema y decidimos no participar, esa repartición no nos dio seguridad”.

Cuando una de las abogadas defensoras le preguntó sobre qué entendió él cuando el financista le formuló ese planteo, respondió: “No dijo nada de forma explícita, insistió en que nos presentemos y que teníamos que ganar primero, que presentemos ofertas bajas, competitivas”.