En medio de las tensiones generadas por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno consiguió alzarse con una victoria en el Congreso al aprobar este miércoles la Cámara de Diputados el acuerdo para pagarle a los fondos buitre US$ 171 millones.

El convenio ya tenía la media sanción del Senado y fue aprobado en la Cámara baja con 138 votos positivos y 98 en contra. El oficialismo contó con el acompañamiento de la UCR, el PRO y de Innovación Federal, que responde al gobernador Gustavo Sáenz (Salta) y al misionero Carlos Rovira.

En tanto, Provincias Unidas dio un apoyo parcial con 8 votos a favor de un total de 18 diputados. Además, el oficialismo también tuvo el apoyo de los gobernadores aliados Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

De esta manera, la administración de Javier Milei cerrará el acuerdo que incluye a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Pero lo cierto es que hubo días de incertidumbre en el oficialismo porque se dudaba de conseguir los votos y se acercaba la fecha de vencimiento para concreción del pago, que de abril se venía prorrogando y que caducaba el 30 de junio.

Se trata de la cancelación de los bonos soberanos en default que compraron de la crisis de 2001 y que fueron reclamados ante la justicia de Estados Unidos. El acuerdo fue aprobado en marzo de este año por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York.

Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Mientras que Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un reclamo desde el 2014.

Estos fondos holdouts son los que confiscaron la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y tenían sentencias firmes a su favor por cifras millonarias porque se negaron a entrar en los sucesivos canjes que ofrecieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, y de Mauricio Macri en 2016.


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