El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) remitió al Registro de la Propiedad Inmueble la notificación de que el departamento donde está alojada Cristina Kirchner, en la calle San José 1111, está embargado por orden judicial.

Como consecuencia de un segundo pedido de decomiso por parte del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad ordenó el 12 de agosto disponer nuevos embargos preventivos y cautelares sobre un conjunto de bienes inmuebles y activos societarios en el contexto de este caso, donde los condenados deben afrontar el decomiso judicial de forma solidaria.

El objetivo es llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos que se establecieron como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.

Por pedido del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 fue consolidando listas de inmuebles que deben ser embargados. En el segundo de esos listados figura el departamento de San José 1111, donde la ex Presidenta cumple el arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Ese inmueble está inscripto a nombre de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner que también es investigada por lavado de activos. De la misma compañía son los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que fueron embargados por el TOF 2.

Con la orden firmada por el Tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se enviaron los oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble en donde están anotadas esas propiedades para que sean inscriptas bajo esta característica: embargados.

Los embargos no implican la subasta inmediata de los bienes ni alteran su titularidad registral por el momento, sino que “aseguran su indisponibilidad jurídica mientras se termina de sustanciar el trámite de decomiso definitivo con la participación de las partes”.

El juez Rodríguez Giménez Uriburu, que preside el TOF 2, busca el mayor de los resguardos sobre el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos. Por eso decidió cautelar propiedades de los condenados en el caso Vialidad, de cara a una segunda etapa de ejecución patrimonial.

En su segunda lista de bienes a decomisar, el fiscal Luciani identificó 141 inmuebles, que incluyen trece propiedades de la ex Presidenta, y 128 de sociedades vinculadas a Lázaro Báez. También hay 46 automotores.

Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.

El TOF 2 aún aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el primer conjunto de inmuebles sobre los cuales se ordenó la ejecución patrimonial para allanar el camino de una segunda tanda.

El primer pedido de decomiso

La primera tanda de 111 propiedades requeridas porLuciani y aprobadas por el TOF para su decomiso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia: en noviembre el Tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de los demás acusados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar que había identificado el Ministerio Público Fiscal y ordenó proceder al respecto. Como la ex Presidenta y su ex socio comercial recurrieron ese fallo, el máximo tribunal tendrá la palabra final al respecto.

Propiedades de los hijos de Cristina

¿Por qué se avanza sobre propiedades de Máximo y Florencia Kirchner? Los jueces del TOF 2 recordaron que la sentencia condenatoria firme determinó que la maniobra defraudadora en la obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.

Durante el período investigado “existió una conexión económica y comercial comprobada”, consignaron los jueces. La sentencia es clara al momento de indicar que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Por lo tanto, el dinero del delito “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Los jueces del TOF 2 fijaron el criterio: todos los bienes que los nueve condenados hayan incorporado a sus respectivos patrimonios desde 2003 a 2015 pueden ser decomisados.

En la resolución se señaló que es necesario avanzar en la cautela de los bienes que integran esta segunda etapa de decomiso. “El artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros”, se detalló.

Respecto a los paquetes accionarios, los magistrados recordaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde la instrucción del caso, en 2017.

En aquel momento, la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas/acciones que le correspondían a Cristina (como parte de sus bienes gananciales y el acervo heredado) habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Como la condena y su consecuencia patrimonial pesa sobre Cristina Kirchner, esa cesión no la exime de ser ejecutada.

¿Qué otros bienes se embargaron?

Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario, la decisión del TOF 2 incluye un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, como también otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo Complejo. Estos inmuebles tuvieron siempre un solo inquilino: Cristóbal López.

En la provincia de Santa Cruz se ordenó el embargo del terreno del Hotel La Aldea del Chaltén, que se encuentra usurpado hace más de dos años. También se incluyeron propiedades y terrenos en El Calafate.

La medida cautelar alcanza a un grupo de propiedades de la familia Kirchner ubicadas en Río Gallegos, donde sobresale el chalet de la ex presidenta ubicado en la costanera local y otras casas: calle Alvear 395, Moreno 882, 25 de Mayo 66.