Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves una parte central del plan del presidente Donald Trump para endurecer las reglas del voto por correo, al considerar que varias de las medidas impulsadas por la Casa Blanca exceden las facultades del Poder Ejecutivo y contradicen la Constitución.

La decisión representa un revés para la estrategia del gobierno republicano, que busca modificar el sistema electoral antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Entre los cambios propuestos, la administración pretendía condicionar el acceso al voto por correo de los estados que no entregaran sus padrones electorales al gobierno federal.

Según informó The Guardian, la jueza federal Indira Talwani, del tribunal de distrito de Boston, declaró inconstitucionales las disposiciones incluidas en la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 31 de marzo. La medida exigía al Servicio Postal de Estados Unidos implementar un sistema obligatorio de códigos de barras para los sobres de las boletas enviadas por correo y vincular esa información con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Según el fallo, el gobierno federal puede colaborar con los estados para verificar la ciudadanía o la elegibilidad de los votantes únicamente cuando esa asistencia sea solicitada por las autoridades estatales y siempre dentro del marco establecido por el Congreso.

La demanda contra la administración fue presentada por organizaciones defensoras del derecho al voto, con el respaldo de 23 estados y del Distrito de Columbia. Los demandantes sostuvieron que la Constitución no otorga al presidente autoridad para imponer normas que regulen la administración de las elecciones estatales y federales, según informó The Guardian.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves una parte central del plan del presidente Donald Trump. Foto: Bonnie Cash/UPI/Bloomberg.

En qué más influye la decisión de la jueza

La decisión judicial también limita cualquier intento del gobierno de crear un nuevo programa federal destinado a supervisar el mantenimiento de los padrones electorales de los estados que participaron en la demanda. Además, prohíbe iniciar investigaciones o acciones judiciales contra esos estados, sus funcionarios electorales o autoridades locales por la administración de las elecciones federales.

Cuál era el plan de Trump

Según informó The Guardian, el proyecto impulsado por la Casa Blanca contemplaba la creación de un portal federal administrado por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). Bajo ese esquema, los funcionarios electorales de cada estado deberían entregar, al menos 30 días antes de cada elección, una lista de votantes con nombres, direcciones e identificadores individuales asociados a códigos de barras.

Luego, el USPS tendría la responsabilidad de verificar físicamente cada sobre de voto por correo mediante el cruce de datos con esa base federal. Las boletas dirigidas a personas que no figuraran en los registros enviados por los estados o los sobres que carecieran del nuevo sistema de serialización y seguimiento serían rechazados y devueltos.

La Constitución no otorga al presidente autoridad para imponer normas que regulen la administración de las elecciones estatales y federales. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo.

Mientras el proceso judicial avanzaba, el director general del Servicio Postal, David Steiner, defendió la propuesta durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Según explicó, el objetivo era garantizar que las boletas enviadas por los estados fueran las mismas que llegaran a destino.

Legisladores demócratas cuestionaron la legalidad del plan

Según The Guardian, el senador Gary Peters afirmó que ninguna disposición de la Constitución ni de la legislación federal autoriza al Servicio Postal a crear bases de datos nacionales de votantes, establecer sistemas de verificación obligatorios o imponer nuevas normas electorales.

Aunque la resolución judicial permite que los estados adopten de forma voluntaria algunas de las medidas propuestas, impide que el gobierno federal las convierta en una obligación mientras continúa el debate sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia electoral.