En un jugada táctica, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió este martes que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña se inhiba de decidir en la causa por la competencia de la mansión de Pilar atribuida a los dirigentes de la AFA Pablo Toviggino y Claudio Tapia. Argumenta que no puede hacerlo por haber integrado el tribunal de ética de la AFA y hacer opinó que el presidente de la AFA no es una persona políticamente expuesta (PEP) en casos de lavado de dinero.

Balizas del helipuerto de la mansión de Villa Rosa, Pilar, vinculada con Tapia y Toviggino.

Carrió hizo su presentación un día antes de que la sala de Casación integrada por Barroetaveña y Mariano Borinsky reciban en audiencia a los testaferros de Toviggino Luciano Pantano su madre jubilada quienes, por segunda vez, reclaman que la causa de la mansión de 17 millones de dólares vuelva al juez de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay –a quien la AFA considera un magistrado amigo- y se la saquen a la juez porteña Verónica Charvay. Carrió es la denunciante original de la causa.

El pedido de Elisa Carrió pone el foco sobre un punto sensible: que el juez Barroetaveña no intervenga en una decisión que, según el planteo, podría quedar alcanzada por dudas sobre su imparcialidad. La presentación no apunta a cuestionar una decisión ya tomada, sino a evitar que el magistrado avance un paso más en el expediente antes de que se resuelva si corresponde su apartamiento.

El antecedente es concreto. El 14 de julio de 2026, Barroetaveña hizo lugar a la queja y habilitó la revisión del recurso. Y la Sala ya fijó para el 12 de agosto la audiencia destinada a tratar la cuestión.

Ahí está el punto central del planteo de Carrió: la recusación se presenta antes de que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto. La intención es evitar que la discusión sobre la garantía de imparcialidad llegue cuando sea demasiado tarde, es decir, después de una decisión que eventualmente deba ser revisada o anulada.

Por eso, el pedido busca que la cuestión sobre la intervención de Barroetaveña sea resuelta previamente y no como una eventual consecuencia de la decisión que adopte la Sala. Lo que está en juego, según el planteo, no es sólo el resultado del recurso, sino una condición previa de cualquier decisión judicial: que quien interviene en ella lo haga sin que existan circunstancias capaces de poner en duda su imparcialidad.

Tapia montó una carpa en el predio de Pilar para reunir al comité ejecutivo y simular que esa es su sede legal.

El reloj del expediente, además, ya corre. La audiencia está convocada para el 12 de agosto. Y Carrió intenta que la discusión sobre quién puede intervenir en esa decisión no quede para después de que la decisión esté tomada. La Cámara, luego de la audiencia, tiene cinco días hábiles para votar.

Luego de la audiencia de mañana, Barroetaveña y Borinsky tienen cinco días hábiles para votar. Hace dos meses atrás, Casación ya había decidido dejar en la Cámara en lo penal económico la determinación de la competencia de la causa y se votó a favor de Straccia porque los hechos de lavado ocurrieron en la CABA, aunque la mansión tenga domicilio en Pilar.

CHIQUI TAPIA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA AFA - CHIQUI TAPIA Y PABLO TOVIGGINO - 05 AGOSTO 2026

Se trata de un pedido clave porque un sector de la justicia y el kirchnerismo quieren proteger a Tapia y Toviggino con la causa penal en Gonzalez Charvay y el control administrativo en la dirección de empresas jurídicas del gobierno de Axel Kicillof y no la Inspección General de Justicia de la Nación.

En un escrito al que accedió Clarín, Carrió solicitó “la excusación, o en su defecto se corra traslado al Sr. Fiscal a los efectos de evaluar la recusación con causa, al Sr. Juez de Cámara Dr. Diego Gustavo Barroetaveña y, en consecuencia, su apartamiento del conocimiento y decisión del recurso relativo a la cuestión de competencia que tramita ante esta Sala, en resguardo de la garantía constitucional y convencional de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y, específicamente, de la vertiente objetiva de dicha garantía”.

“El planteo no se sustenta en la atribución de parcialidad subjetiva al magistrado ni importa cuestionamiento alguno a su honorabilidad personal. Se funda, por el contrario, en una sucesión de circunstancias externas, objetivas y verificables que, consideradas en su conjunto, presentan aptitud suficiente para suscitar una duda razonable acerca de la apariencia de imparcialidad exigible respecto de quien debe intervenir en la decisión pendiente”, agregó.

Recordó que “la intervención del Dr. Diego Gustavo Barroetaveña en las presentes actuaciones se encuentra precedida por una serie de circunstancias objetivas relativas a su prolongado desempeño en órganos de la Asociación del Fútbol Argentino que, por su proximidad temporal, institucional y material con el objeto de estas actuaciones, corresponde poner formalmente en conocimiento del Tribunal antes de que se adopte una decisión sobre la cuestión de competencia pendiente”.

Jueces de la Casación Penal Angela Ledesma y Diego barroetaveña en Comodoro Py Mayo 2026 Foto Federico Lopez Claro

“Lejos de tratarse de un vínculo circunstancial, una coincidencia social o una relación académica con alguno de los involucrados, documentos emanados de la propia Asociación del Fútbol Argentino acreditan una vinculación institucional directa, estable y reciente: desde diciembre de 2021 y hasta fines de diciembre de 2025, el Dr. Barroetaveña integró el Tribunal de Ética de la AFA, primero como Vicepresidente y posteriormente como Presidente”, añadió Carrió cuyos dirigentes Facundo el Gaiso y Matías Yofe hicieron la denuncia original a principios de año.

4 años en la AFA

“Aquella vinculación no sólo se prolongó en el tiempo, sino que adquirió posteriormente mayor jerarquía institucional. En la Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024, nuevamente bajo la presidencia de Claudio Tapia, el Dr. Barroetaveña fue elegido Presidente del Tribunal de Ética de la AFA, con la aprobación unánime de los 44”, argumentó

En su escrito, al que accedió Clarín, Carrió dijo que “El magistrado se desempeñó como Vicepresidente del Tribunal de Ética desde diciembre de 2021 y como Presidente desde octubre de 2024 hasta su renuncia a fines de diciembre de 2025. Durante aproximadamente cuatro años integró, entonces, en posiciones de máxima jerarquía, un órgano jurisdiccional interno de la misma asociación cuya actividad y la de algunos de sus principales dirigentes aparecen actualmente vinculadas con la investigación penal que dio origen a esta incidente”

Los días 2 y 3 de mayo de 2025, “cuando ya ejercía la Presidencia del Tribunal de Ética, participó como expositor en el Congreso Internacional de Derecho del Fútbol realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal del Fútbol Argentino. En esa oportunidad integró específicamente la mesa destinada al análisis de los “Órganos Jurisdiccionales de AFA: Tribunal de Disciplina, Tribunal de Disciplina del Interior, Tribunal de Ética y Tribunal de Apelación”, junto con otros integrantes del sistema jurisdiccional interno de la Asociación. Según la propia información institucional de AFA, durante el encuentro se abordaron el funcionamiento de aquellos órganos, las garantías procesales aplicables, casos recientes y posibles reformas”, advirtió.

Durante su desempeño como Presidente del Tribunal de Ética, el Dr. Barroetaveña “intervino en el expediente interno n° 10/2025, caratulado “Claudio Tapia s/PEP”, y participó en la decisión documentada mediante el Boletín n° 6722, de fecha 11 de julio de 2025. El encabezamiento del documento oficial identifica expresamente tanto al interesado como a quienes adoptaron la decisión: “Expediente 10/2025 Claudio Tapia s/PEP”, seguido de la individualización de los Dres. Diego G. Barroetaveña, en carácter de Presidente; Manuel Fernández, como Vicepresidente; y Mario E. Kohan, como Secretario”.

En el marco de aquel trámite, “el Tribunal consideró dos declaraciones juradas suscriptas por Claudio Tapia —correspondientes a septiembre de 2021 y septiembre de 2024— en las cuales éste había manifestado no encontrarse alcanzado por esa condición. Luego de analizar su posición como presidente de la AFA y sus antecedentes funcionales en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el Tribunal integrado y presidido por el Dr. Barroetaveña adoptó una decisión favorable a la posición allí sostenida por Tapia”.

En ese contexto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) formuló una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que cuestionó la integración, por parte de magistrados nacionales, de órganos jurisdiccionales de la AFA y señaló los eventuales problemas de incompatibilidad y conflicto de intereses que aquella situación podía generar frente a causas judiciales relacionadas con la entidad . En ese contexto temporal, “el Dr. Barroetaveña renunció a la Presidencia del Tribunal de Ética de la AFA a fines de diciembre de 2025. La circunstancia fue informada públicamente el 26 de diciembre de aquel año, junto con los cuestionamientos que se habían formulado respecto de la compatibilidad”

En febrero de 2026, la controversia acerca del órgano jurisdiccional competente llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de determinar si la investigación debía continuar ante la justicia federal con asiento en Campana o ante el fuero Nacional en lo Penal Económico . 12 La investigación comprende, entre otros extremos, la adquisición y titularidad de bienes atribuidos formalmente a Real Central S.R.L. y la situación patrimonial de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. Según las constancias públicamente conocidas, una de las hipótesis bajo pesquisa procura establecer si esas personas habrían actuado por cuenta o en beneficio de terceros, contexto en el que aparecen mencionados dirigentes de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino y Claudio Tapia, recordó la abogada y ex diputada.

De este modo, la intervención del magistrado “dejó de constituir una posibilidad meramente eventual: quien hasta diciembre de 2025 presidía el Tribunal de Ética de la AFA y había intervenido meses antes en una decisión referida personalmente a su Presidente, ya integró —en julio de 2026— la mayoría que habilitó la revisión de la cuestión de competencia planteada por la defensa en una investigación por presunto lavado de activos en la que se procura determinar, entre otros extremos, la eventual vinculación de los bienes investigados con dirigentes de aquella misma Asociación”.

“El examen de imparcialidad que aquí se solicita no requiere, en consecuencia, establecer que el Dr. Barroetaveña tenga un interés personal en el resultado del expediente, ni acreditar amistad, enemistad, beneficio económico o una predisposición subjetiva determinada. La cuestión consiste en establecer si un observador razonable, conocedor de que el magistrado presidió hasta diciembre de 2025 el Tribunal de Ética de la AFA; que había integrado ese órgano desde 2021; que en julio de 2025 intervino en una decisión referida personalmente a Claudio Tapia y vinculada con el régimen PEP; y que pocos meses después fue llamado a ejercer jurisdicción en una investigación por presunto lavado de activos en la que aparecen mencionados dirigentes de la misma entidad, podría albergar una duda legítima respecto de la apariencia de imparcialidad del órgano” sostuvo.

En particular, “la intervención efectiva del Dr. Barroetaveña en estas actuaciones quedó exteriorizada mediante la resolución del 14 de julio de 2026 que hizo lugar a la queja y habilitó la revisión del recurso, mientras que la audiencia destinada al tratamiento de la cuestión fue fijada para el 12 de agosto de 2026. El planteo se introduce, por tanto, antes de que el magistrado se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido actualmente a conocimiento de la Sala y con la finalidad específica de evitar que una eventual afectación de la garantía de imparcialidad sólo pueda ser reparada una vez dictada la decisión”, finalizó