Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el gobierno macrista, subió al estrado como testigo en el juicio por los cuadernos de las coimas. Su declaración fue requerida por el Ministerio Público Fiscal y ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), habló de “falsos procesos licitatorios” vinculados a las obras que figuraban en el listado del financista Ernesto Clarens. También se refirió a los anticipos de obras “para el pago de sobornos”. También declaró un ex abogado de la Oficina Anticorrupción (OA) y consignó coincidencias entre modificaciones en las licitaciones de obras y las fechas que el financista K consignó como aquellas en las que se pagaban las coimas.

No es la primera vez que Javier Iguacel declara en un juicio oral como testigo. Por segunda vez, lo hace en un expediente que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. Fue el responsable de presentar en Comodoro Py la auditoría que derivó en el caso Vialidad y donde se dictó una condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en diciembre de 2022,

En esta ocasión y solicitado como testigo por la fiscal general, Fabiana León, el ex funcionario de Mauricio Macri se refirió a las obras viales vinculadas al tramo conocido como la “Camarita” donde como caso conexo a los Cuadernos de las Coimas, se investigó la cartelización de la obra pública.

Los detalles sobre cómo funcionaba el sistema de recaudación relacionado con los empresarios nucleados en la Cámara de la Construcción, fueron brindados por el testigo ante el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La elevación a juicio del caso detalle: se reunía un grupo reducido de empresarios en un lugar determinado, “entre esos lugares estaba la Cámara de Empresas Viales”. El financista Ernesto Clarens dijo que consistía en un “sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”.

El responsable principal de que este mecanismo funcionara, fue Carlos Wagner- Al ex presidente de la Cámara de la Construcción, se le atribuye haber “diagramado el funcionamiento y poner en práctica el sistema de recolección ilegal” en dicho ámbito. El esquema consistía en nominar a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos.

El financista K Ernesto Clarens era quien recibía directamente los pagos de las empresas viales, siendo el único encargado de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales.

Así lo contó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación: eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.

La Cámara de la Construcción le entregaba a Clarens, mensualmente un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el número de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, “en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente”.

Había un segundo listado correspondiente al “ranking de las empresas cartelizadas. Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas”.

Sobre este entramado dio detalles Javier Iguacel. “En un momento, había más certificados de obra que plata, entonces había que decidir a quién pagarle y ese trabajo lo hacía José López”, relató ante el TOF 7.

Al brindar más información al respecto, explicó que en los certificados de obra se “metían tantas firmas para que nadie fuera responsable. Los que realmente decidían no tenían ninguna firma”.

En ese momento hizo referencia al ex Secretario de Obras Públicas, “como por ejemplo José López él era quien decía a quién se pagaba”, y reforzó el concepto: “hacían pagar certificados por cosas que no se habían hecho y el que indicaba a quién pagarle o a quién no era José López, quien muchas veces le mandaba los domingos una nota por escrito con el chofer para decirle a quién pagarle primero”.

Causa Cuadernos. El ex abogado de la OEA Ignacio Irigaray, en tribunales. Foto Federico Lopez Claro

Esa información, dijo Iguacel, fue recolectada dentro de la DNV cuando asumió la dirección durante el gobierno de Mauricio Macri. “Hay relatos, no me constan, que decían que el cien por ciento del anticipo que las empresas cobraban por las obras lo cargaban en baúles y lo llevaban como coima”.

Habló ante el Tribunal de sobrecostos en las obras “del 40%, un 20% se repartía entre un 10% de anticipo y el resto entre los funcionarios que facilitaron la obra”.

Si bien no le restó relevancia al rol de los empresarios, contó que no podían trabajar si no accedían a pagar los sobornos.

Sobre quienes dijo que “admitían” lo que ocurría en “la Camarita”, es decir el reparto de la obra pública discrecionalmente, “en conversaciones informales todos” los empresarios “admitían lo de ‘la camarita’. Que existió, que se repartían las obras. No les gustaba, pero era la única manera que tenían de trabajar”, sostuvo que le decían y que argumentaban que sino participaban “se fundían”.

Iguacel señaló la existencia de “falsos procesos licitatorios”, dado que era algo acordado entre funcionarios y empresarios. “Eso me consta que existía, no porque yo lo haya vivido, sino porque cuando pusieron los pliegos para licitaciones ”públicos y gratuitos en internet, pasamos de tener de dos o tres oferentes a trece o quince, y los precios bajaron casi 40 por ciento. Eso pasó de un mes para el otro. Era porque antes había contubernio; de otra manera es inexplicable”.

Un dato que sumó fue la utilización de las adendas y redeterminaciones de obras, "que eran un mecanismo para modificar los costos de las obras, en muchos casos ocultaba sobreprecios", fondos utilizados sostiene la acusación, para el pago de las coimas.

El ex abogado de la OA

Ignacio Irigaray fue el primer testigo en declarar ante el TOF 7, ex abogado de la Oficina Anticorrupción (OA) relató que el organismo, durante 2018 cuando se llevó en Comodoro Py adelante la investigación del caso Cuadernos, tuvo que realizar un análisis de un listado en el que constaban datos de empresas, nombres de dueños de las compañías, obras adjudicadas y también cifras de dinero que responderían a las coimas abonadas. Era de la época de Laura Alonso.

Cuando la fiscal general, Fabiana León, le consultó sobre el trabajo realizado, el abogado explicó que “se comprobaban los datos de ese listado con eventos salientes que pudieran relacionarse para darle al juez”.

Se trataba del listado que en su momento, confeccionó el financista Ernesto Clarens, quien aportó ese documento ante la justicia federal cuando se acogió a la figura del imputado colaborador.

El testimonio de Clarens fue determinante para esclarecer la dinámica establecida en el tramo conocido como “la Camarita”, es decir: la cartelización de la obra pública en el marco de la Cámara de la Construcción, donde su rol principal fue la conversión del dinero en efectivo y en moneda nacional, que los empresarios le llevaban a su financiera, en dólares. En un cálculo inicial, sostuvo que en esas maniobras llegó a manejar 30 millones de dólares.

Esas divisas en efectivo, eran -determinó la justicia-, para el pago de sobornos a través de los cuales, dice la acusación, los empresarios se garantizaban las obras viales como otro tipo de contratos vinculados a quienes integraban la Cámara de la Construcción.

En esas planillas que la justicia le proporcionó a la OA, había fechas, empresas, pagos, obras y claves, “con el oficio se explicaban esas claves, había montos de dinero”, consignó el testigo.

Al brindar más detalles al respecto, Irigaray indicó que ese listado “venía a complementar lo que nosotros ya teníamos, era el listado de empresas involucradas, el listado de obras por empresas y cruzábamos adelantos financieros o que se había endosado el cheque, cada una de las adendas de los contratos porque uno busca en las modificaciones del pliego en los que uno supone pudo haber una contratación ilícita entre el contratista y el Estado”.

La comparación se basaba en la infracción vinculada a los pagos que provenía de Tesorería, se comparaba con elementos salientes. Cuando el abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern le consultó si en ese trabajo de cotejo de información, se habían detectado coincidencias, el ex integrante de la OA respondió de forma afirmativa.

“Las coincidencias encontradas se señalaba, el legajo con una nota informe donde se resumía las principales conclusiones y se marcaba la coincidencia detectada”, dijo Irigaray y sumó otro dato: “fue más de una y nos permitió entender la utilización de fideicomisos”.

Después brindó otro dato. Manifestó que ninguno de los empresarios involucrados y acusados de cohecho activo, esto es: pagar coimas, “lo hace de su propio bolsillo, si hay un soborno corresponde a dinero que la empresa obtiene de su propio contrato”,y fue allí que recordó la existencia de informes que dieron cuenta de coincidencias entre pagos de obra pública a la empresa BTU y reuniones consignadas por Oscar Centeno en sus anotaciones que dieron origen a la causa. De esos encuentros participaban su jefe, Roberto Baratta y “ el empresario de esa firma Carlos Mundin y Santiago De Vido”.

Antes de concluir su exposición, el testigo contó que cuando comenzó a investigarse el caso Cuaderno el Estado “tenía contratos vigentes con la mayoría de las empresas que tenían socios, dueños, gerentes imputados y tenían embargos y tenía cuentas a pagar con esas empresas que eran alcanzadas por esos embargos”.