Los fiscales federales Cecilia Incardona y Diego Iglesias apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal la polémica resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que anuló los procesamientos y embargos de los principales investigados en la causa conocida como “La Salada”, entre ellos el empresario Jorge Castillo.

La decisión, adoptada el mes pasado por los jueces de la Cámara Federal platense Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, sostuvo que el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella había confundido una actividad comercial lícita con una “empresa criminal”. Según los camaristas, el magistrado intentó probar la existencia de una asociación ilícita enumerando tareas administrativas o comerciales habituales —como el cobro de alquileres o la administración de puestos—, pero sin precisar cuáles eran los delitos cometidos por los imputados.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal y los fiscales Cecilia Incardona, Diego Iglesias y José Luis Agüero Iturbe, entre otros.

Ahora, los fiscales cuestionaron esa resolución y presentaron un recurso de casación en el que enumeraron las decenas de pruebas reunidas durante la investigación iniciada en 2015 sobre el funcionamiento de las ferias de Lomas de Zamora, una estructura que, según la acusación, contó durante años con protección política del ex intendente kirchnerista Martín Insaurralde.

En el escrito, al que accedió Clarín, Incardona e Iglesias insistieron en que existió hasta 2023 una asociación ilícita que manejaba la operatoria de las ferias y remarcaron que la actividad investigada no se limitaba a una administración comercial, sino que incluía presuntos delitos como evasión fiscal, lavado de activos, contrabando y comercialización de mercadería apócrifa.

Uno de los elementos mencionados por los fiscales es una escucha telefónica incorporada al expediente en 2017, en la que Adrián Castillo —sobrino de Jorge Castillo— afirmó que el gobierno municipal de Lomas de Zamora, encabezado por Martín Insaurralde, conocía el funcionamiento de la feria.

Según esa conversación, el objetivo de los funcionarios no era “romper el negocio”, sino “ordenarlo”. En esa misma charla, Adrián Castillo relató que funcionarios municipales habían recorrido el predio “camuflados” para conocer su funcionamiento interno.

La Salada: Uno de los carteles secuestrados en los allanamientos con indiciones de cómo sacar la plata a EE.UU.

Los fiscales señalaron que en “La Salada” funcionaron dos estructuras delictivas diferenciadas: una liderada por Jorge Castillo junto con Claudio Corrillo Torrez y Presa, y otra encabezada por Enrique Antequera. Según la acusación, ambas organizaciones permitieron “la comisión de delitos a plena luz del día y a simple vista para cualquiera que haya puesto un pie en ese lugar”.

La apelación sostiene que la Cámara Federal de La Plata incurrió en arbitrariedad al afirmar que las conductas de los imputados debían “suponerse lícitas” por desarrollarse dentro de una estructura empresarial.

“Ese razonamiento es dogmático y prescinde de la realidad del proceso”, afirmaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Las acusaciones contra Jorge Castillo

En relación con Jorge Omar Castillo, los fiscales destacaron informes de ARCA que, según sostienen, demostrarían una maniobra de evasión impositiva.

“En el caso de Jorge Omar Castillo, el Fisco detectó una total ausencia de facturación electrónica entre enero de 2021 y abril de 2025. Resulta revelador que Castillo comenzó a emitir comprobantes electrónicos por conceptos de ‘Alquiler de feria’ recién en mayo de 2025, luego de los allanamientos”, señalaron.

Cartel secuestrado en un allanamiento por la Salada sobre cómo manejar la plata en negro.

También remarcaron que el empresario habría tenido “consumos de lujo solventados íntegramente en efectivo”, entre ellos un viaje a Dubái para siete personas realizado en 2024, lo que para los investigadores constituye un indicio de la existencia de fondos no declarados.

Según el informe final de fiscalización de ARCA citado en la presentación, los ajustes tributarios atribuidos a Castillo ascienden a $480.216.538,06 por evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2024; $58.346.483,05 por evasión del IVA de distintos períodos de 2024 y mayo de 2025; y $35.189.698,82 por evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios entre enero de 2021 y mayo de 2025.

Los fiscales también describieron el funcionamiento de la organización que, según la acusación, controlaban Castillo, Corrillo y Presa, y que administraba 2.278 puestos comerciales.

Según el escrito, la recaudación llegaba físicamente al domicilio de Castillo en “bultos”. Las intervenciones telefónicas —en especial una conversación entre Natalia Luengo y su madre Nilda Arrieta— mostrarían que, por la magnitud del dinero en efectivo, los integrantes de la organización no contabilizaban billetes individuales sino directamente los paquetes de dinero, “millón por millón”.

Además, la fiscalía sostuvo que mediante escuchas y la utilización de un agente revelador se pudo comprobar que los integrantes de la organización conocían que parte de la mercadería comercializada era apócrifa y que existieron maniobras destinadas a evitar controles estatales.

La organización atribuida a Antequera

Respecto de Enrique Antequera, los fiscales señalaron que la organización que encabezaba administraba 1.909 puestos destinados a la venta de productos apócrifos.

Según la apelación, los alquileres de los espacios comerciales se pactaban informalmente en dólares y pesos, mientras que el dinero en moneda extranjera “nunca fue bancarizado ni declarado ante el fisco”.

La fiscalía cuestionó que la Cámara no haya valorado pruebas que, según su criterio, resultan determinantes. Entre ellas mencionó los viajes de Alan Antequera y César Antequera a China con el objetivo de gestionar la importación de indumentaria apócrifa y los vínculos con despachantes de aduana que habrían facilitado esas operaciones.

Los investigadores señalaron que el objetivo era ingresar mercadería falsificada del Club Atlético Boca Juniors mediante presuntos mecanismos de contrabando.

El circuito del dinero y el presunto lavado de activos

Uno de los puntos centrales de la apelación es el supuesto circuito de lavado de dinero. Según los fiscales, el efectivo recaudado era trasladado por choferes de Mega Polo La Salada S.A. hasta la vivienda particular de Castillo.

La presentación destaca que la cuenta bancaria de “La Salada Pagos S.A.” recibió más de $403 millones en depósitos en efectivo durante siete meses, pese a que —según la fiscalía— no registraba empleados ni una facturación acorde.

También señala que Enrique Antequera trasladaba dinero proveniente de la Feria Urkupiña hacia una financiera que funcionaba bajo la fachada de una casa de baterías denominada “Nicomat”, perteneciente a Hugo Nicolás Picca. Ese dinero, según la hipótesis fiscal, era utilizado para financiar operaciones de descuento de cheques.

La fiscalía agregó que la existencia de una causa penal contra Castillo en el fuero provincial por asociación ilícita y extorsión constituye otro elemento que demostraría que la violencia y la intimidación formaban parte del esquema de negocios.

El rol de Castillo y los activos en el exterior

Los fiscales sostuvieron que Jorge Omar Castillo ejerció el liderazgo “de hecho y de derecho” de las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo.

Según la acusación, su intervención excedió la administración empresarial y alcanzó el control personal de la recaudación informal y del flujo de dinero que llegaba a su domicilio.

Además, señalaron que utilizando el nombre de su hijo Manuel Castillo, habría controlado sociedades como Paseo de Compras Mogote S.A., utilizada para la explotación comercial de Mogote Factory en Flores; Desarrollo Inmobiliario del Oeste S.A. (DIO Bienes Raíces), dedicada al alquiler y venta de locales; y La Salada Pagos S.A., utilizada para el cobro de alquileres y el proyecto de una tarjeta de crédito.

En cuanto a Presa, la fiscalía afirmó que los integrantes de la organización impartían instrucciones sobre qué activos debían permanecer “en negro”. Según la acusación, esas ganancias habrían sido transferidas a un trust constituido en Estados Unidos e integrado por Guadalupe Presa y su padre Aldo Presa.

operativo contra la venta ilegal en La Salada y secuestro de efectivo.

La presentación fiscal permite dimensionar el volumen de los activos presuntamente ocultos en el exterior. Según la investigación, para 2024 la organización tenía como objetivo enviar al trust de EE.UU. un millón de dólares que permanecían guardados en cajas de seguridad.

Críticas al fallo de Cámara

Los fiscales cuestionaron que la Cámara Federal de La Plata haya minimizado los elementos vinculados al lavado de activos y hayan omitido considerar los hechos precedentes vinculados a la evasión fiscal.

Jorge Castillo el Rey de la Salada Castillo junto a Moreno en el viaje a Angola.

En ese sentido, remarcaron que “La Salada Pagos S.A.” recibió $403.132.422,30 en siete meses sin registrar facturación ni empleados.

También señalaron que fueron ignorados depósitos millonarios realizados en cuentas bancarias vinculadas a las ferias: Punta Mogote S.C.A. recibió $26.827.043.210 entre 2021 y 2025, mientras que Urkupiña S.A. registró más de $7.000 millones entre 2021 y 2024.

La apelación agrega que la empresa UNIFAP S.A. movilizó $450.208.390 entre 2023 y 2024 y que Manuel Jorge Castillo recibió en su cuenta personal depósitos en efectivo por $749.558.552,52.

Con estos argumentos, los fiscales pidieron que la Cámara Federal de Casación Penal revise el fallo y confirme los procesamientos dictados por el juez Armella, al sostener que el expediente contiene pruebas suficientes para acreditar la existencia de una estructura organizada dedicada a la comisión de delitos.

Vista de la Casa de Jorge Castillo " El rey de la Salada" en el barrio cerrado Haras Argentino de Open Door. Captura de TV