Después de 70 años de impunidad, la Justicia Federal declaró el lunes 22 de junio, que los fusilamientos de José Leon Suárez, narrados en Operación Masacre por el periodista Rodolfo Walsh, fueron crímenes de lesa humanidad, y atribuyó al Estado Argentino la responsabilidad por su planificación, ejecución y encubrimiento. A los responsables, ya fallecidos, les hubiera correspondido cumplir con la pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la investigación, las pruebas incorporadas y los testimonios brindados en el Juicio por la Verdad que se llevó a cabo el 17, 18 y 19 de junio en el Juzgado Federal N°2 de San Martín, la jueza federal Alicia Vence consideró culpables de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, homicidio y tentativa de homicidio a los integrantes del aparato represivo de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.

Se trata de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Desiderio Fernandez Suarez, jefe de policía bonaerense y Rodolfo Rodriguez Moreno, jefe de la Unidad Regional de San Martín. Todos los condenados han fallecido al momento de declararse la sentencia.

El veredicto del juicio fue leído por la Jueza Federal Alicia Vence el 22 de junio.

La noche del 9 de junio de 1956 doce hombres fueron secuestrados ilegalmente de una casa en Florida, partido de Vicente López, donde se encontraban escuchando una pelea de box. Fueron llevados a la Unidad Regional de San Martín —ubicada hoy en la calle San Martín 1842— donde quedaron incomunicados y bajo custodia policial. Y luego, fueron trasladados a una descampado en la zona de los basurales de José León Suarez donde fueron fusilados.

Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Carlos Lisazo fueron asesinados esa madrugada, entre el 9 y el 10 de junio de 1956, mientras que Miguel Angel Giunta, Horacio di Chiano, Roberto Gavino, Julio Troxler, Rogelio Diaz y Juan Carlos Livraga —único sobreviviente que con 94 años pudo brindar testimonio en el juicio— lograron sobrevivir.

Según afirmó la jueza Alicia Vence durante la lectura del veredicto, la sentencia constituye en sí misma una forma de reparación, aunque también estableció una serie de medidas reparatorias como la publicación de la misma en la página oficial de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, la convocatoria a incluir en los planes de estudio los hechos históricos probados en el juicio, la colocación de placas conmemorativas de las víctimas y la creación de una sitio de la memoria en el predio correspondiente a los basurales donde fueron cometidos los fusilamientos.

El proceso judicial, impulsado por los familiares de las víctimas y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia del partido de San Martín, se desarrolló bajo la modalidad de Juicio por la Verdad, y tuvo como antecedente directo el Juicio por la Masacre de Napalpí, ocurrida en Chaco en 1924, que se llevó a cabo en 2022 y reconoció la responsabilidad estatal en el asesinato de más de 400 miembros de las comunidades Qom y Moqoit.