Reelección o muerte

El embrujo de la palabra "cambio" embriaga a los políticos. El oficialismo cree que hay que cambiarlo todo, menos al Presidente. La oposición responde que hay que cambiar también todo, pero primero al Presidente. La primera consigna de quien gobierna es perpetuarse en el cargo. Para ese objetivo todo recurso es poco.

El gobierno de Milei tiene como motivo de toda su panoplia proselitista que hay que cambiar la Argentina de cuajo, país que ha vivido equivocado desde 1810, y que para eso necesita reformas sin fin que el Congreso debe aprobarle.

Quien pregunte en la Cámara de Diputados las razones del receso de facto, le responden que no hay proyectos importantes para tratar. Vuelva usted mañana, o en septiembre, cuando venga el Presupuesto. En el Senado, más formal, el cierre por dos semanas es por reformas.

Para la narrativa oficial, todo debe cambiar, menos el gobierno. No busca leyes que reformen nada, y por eso se le va la vida discutiendo "hojarascas", como la abolición del carné de mochilero. Aun proyectos que pelean, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, responden a criterios ideológicos, pero no resuelven ningún problema importante.

Lo que interesa de acá al año que viene es acomodar la mueblería para que el gobierno pueda perpetuarse. Eso habilita los "proyectos-token", es decir, lo que crea un producto transable entre el Gobierno y los dueños de los votos en el Congreso. A ese propósito sirve el que estudia el Ministerio de Justicia para achicar la justicia del AMBA y ampliarla en el Interior.

Una piñata para los gobernadores

Los argumentos técnicos de la iniciativa tienen racionalidad para enfrentar una Justicia macrocefálica que tiene multitud de juzgados en CABA con cada vez menos trabajo, y provincias que carecen de un adecuado servicio. Este objetivo no merece reproches, más allá de los rezongos que elevan los expertos.

Pero en lo político crean una piñata para repartir entre los dueños de los votos del Congreso y los que definirán las elecciones de 2027. Las primeras beneficiarias del proyecto son las provincias. La iniciativa prevé la reducción de los juzgados federales de CABA y la creación de por lo menos una unidad fiscal y un juzgado federal en cada provincia.

¿Quién elegirá a esos funcionarios? Naturalmente quien gobierne esas provincias. El Gobierno nacional no tiene candidatos propios para cargos judiciales por fuera de las familias y de la profesión. Designará a quienes los poderes locales decidan.

La contrapartida es lo que les pide el Gobierno a los gobernadores y legisladores amigos: que concentren fuerzas para facilitar la reelección de Javier Milei el año que viene. Para eso está dispuesto a pagar cualquier precio.

En el Congreso las provincias deben facilitar las normas que el Gobierno cree que le convienen, como la eliminación de las PASO o al menos su suspensión. En lo político, que en las provincias adecuen las fechas electorales en beneficio de la candidatura de Milei y que no presenten iniciativas que dividan el voto que puede ir al Presidente. Lo demás se negocia todo.

“Lo pidió la Corte”

Los gobernadores se enteraron por los diarios de esta norma, que el Gobierno suma a la agenda de cuestiones a negociar con los gobernadores. Necesita de estos "proyectos-token" porque sabe que las provincias necesitan poder decidir cargos de gestión importantes, con un Gobierno nacional que los ahoga financieramente.

La iniciativa del ministro Mahiques sigue una línea histórica de reformas que vienen de anteriores gobiernos. Intenta el traspaso de la Justicia nacional a la jurisdicción "provincial" de CABA, eliminando al menos 120 cargos de jueces que deberían ser designados en adelante por la Ciudad. También se reducen los juzgados federales de 12 a 8 y se paralizan concursos en marcha para cubrir vacantes.

El paquete de la reforma judicial prevé una nueva Ley del Consejo de la Magistratura que reduzca sus miembros y retire a la Corte de la presidencia del organismo.

"Estamos cumpliendo con lo que indicó la Suprema Corte de que debe haber una nueva ley del Consejo de la Magistratura", me dice Mahiques. "Estuve en un consejo de 13 miembros, no de 20 como ahora, y hubo récord de elevación de ternas de jueces. Con menos integrantes se trabaja con más eficiencia".

Sobre la salida de la Corte de la conducción, entiende que no producirá rispideces: "Tengo una relación muy buena con los jueces de la Corte. Soy el primer ministro de Justicia que viene de la Justicia", agrega. Es inevitable preguntarse si piensa incluir completar el tribunal o ampliarlo: "Por ahora no es prioridad, me lo ha dicho el Presidente cada vez que sale el tema".

¿Tiempos? El proyecto se está elaborando; incluso Mahiques dedicó el fin de semana a esa tarea, pero cree que estará en el Congreso antes de fin de año.

Menos jueces, pero con más poder

En otra frecuencia, el proyecto desata especulaciones sobre ganadores y perdedores. La generalización del sistema acusatorio les traslada a los fiscales una porción del poder que hasta ahora tuvieron los jueces con el sistema inquisitivo. Menos jueces significa más poder para cada uno de los que quedan.

Otros señalan que reducir las vacantes paraliza las pretensiones de quienes habían concursado y podían no convenirle al Gobierno. Mahiques descarta que eso produzca déficits: "La Justicia ya ha dicho que concursar no es un derecho adquirido".

No faltan quienes piensan que el Gobierno busca poblar la nueva justicia de gente propia. Este gobierno no tiene gente para nada, y no le alcanza para todo con Santilli o Patricia Bullrich, a quienes se les confían las responsabilidades más importantes.

Es al revés: las tribus de la justicia -existen en todos los poderes como núcleos ideológicos o de intereses- son las que van a poner a los jueces y fiscales, aprovechando un gobierno sin partido, sin legisladores, sin gobernadores, y con un porcentaje de votos modesto (salvo los que le prestan otros gobiernos que han negociado su fidelidad a que Milei siga gobernando).

Es, después de todo, lo mismo que hacen empresarios, estudios de abogados e inversores con este gobierno débil. De ahí que se imagine que en el debate legislativo y en la elección de los jueces reaparezca la dialéctica de los grupos que combaten en las sombras.

Por qué se puede hacer ahora, y no antes

El motor es que sobran argumentos para reformar un sistema que debe, después de 30 años, el traspaso de la Justicia nacional a la CABA y que mantiene un desequilibrio entre el AMBA y el interior. ¿Qué cambió que ahora se puede? Lo que cambió desde 2023 es que el peronismo perdió el control del Senado después de medio siglo. Como consecuencia, perdió el control de la justicia.

Había gobernado durante 14 años, pero nunca pudo integrar tribunales en paz. Perdió ese control y no ha podido impedir que Cristina sea condenada y esté presa. Algo impensable cuando el peronismo controlaba el Senado. Eso cambió.

CABA tiene 12 juzgados federales en lo penal, número al que se llegó en el gobierno de Carlos Menem. Córdoba Capital, en cambio, tiene tres juzgados federales; el último que se creó fue durante el gobierno de Héctor Cámpora. La ampliación de la Justicia en el interior del país es un proyecto que intentó llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri cuando el actual ministro trabajaba con el ministro Germán Garavano.

Sobre ese proyecto, Alberto Fernández avanzó con una mirada más política, para crear cámaras a pedido de los gobernadores. Pero conservaba la esencia de generar más juzgados, sobre todo en el Conurbano bonaerense, y aprovechar los juzgados nacionales para que la justicia penal, criminal y correccional nacional u ordinaria de la Ciudad asumiera competencias federales.

Buscaba diluir el poder de Comodoro Py, que ahora recuperaría aire con más poder para menos jueces -tanto en Casación como en Comodoro- a los que tendrá más controlados.

Los juzgados de Comodoro Py tienen muy poco trabajo (se fueron las causas de narcomenudeo) y es razonable aplicar los recursos para crear juzgados en el Interior y fortalecer sobre todo lo que es la Justicia en fronteras y en algunas zonas calientes.

Hoy los juzgados federales de Comodoro Py atienden no más de 300 o 400 causas al año y tienen estructuras de alrededor de 50 personas, muchas de las cuales, en el marco de un sistema acusatorio, debieran pasar a las fiscalías.

"Las dos cosas no se puede"

La discusión sobre inhabilitación política de Cristina de Kirchner atraviesa el debate del peronismo. Felipe Solá aportó esta semana un argumento que alienta conclusiones. Dijo que el PJ tiene dos batallas: una es la electoral, hacer lo que esté a su alcance, estratégicamente, para volver al poder o ser competitivos en las elecciones de 2027; la otra es lograr que Cristina Kirchner recupere la libertad y sus derechos civiles.

El peronismo tiene que elegir cuál de esas dos batallas va a librar, porque la suerte de una compromete a la otra. "Las dos cosas no se puede", dice. Si el peronismo elige pelear el resultado electoral, puede después poder tomar medidas para que Cristina quede libre. Pero las dos cosas a la vez no.

El criterio de Solá admite que Cristina tiene adhesiones, pero también rechazos, dentro del peronismo. Y si la diferencia que los separa del triunfo o del fracaso son 5 puntos para ganar en primera vuelta o ser competitivos en un balotaje, solo los puede tener sin el recorte que implica la candidatura de Cristina.

Pelear por la libertad de Cristina compromete su capacidad de competir con éxito en las elecciones. "Está presa injustamente", dijo en una charla por la radio AM 550 de CABA.

"Ahora tengo derecho a decir lo que pienso también. Y lo que pienso es: ¿queremos ser gobierno o queremos afianzar una línea? Primera definición. Si queremos ser gobierno hay que pensar en la opción, que es horrible. Hay que optar en su debido momento. Y para optar hay que llegar lo más fuerte posible".

Acelera el debate de las candidaturas

El tiempo hasta que eso quede claro es el que regula el debate interno sobre quién será candidato a presidente el año que viene. Hay juristas que afirman que la sentencia y la inhabilitación son cosa juzgada y que el trámite en tribunales extranjeros llegará tarde.

Y el debate entre Cristina y Kicillof, por ejemplo, o las pretensiones de candidaturas de dirigentes (entre quienes pueden figurar Felipe Solá, Miguel Pichetto, Sergio Massa, Máximo K, Ricardo Quintela o Sergio Uñac), se plantearán con ella como deflactor.

Si ella insiste reclamando tratamiento de proscripta en los términos de Perón ’73 achica las posibilidades del peronismo. Pero quienes compiten necesitan que ella no los vete. Ella lo sabe y acumula poder para orientar el dedo en su favor. Eso anima la prisa por elegir qué batalla hay que dar.

Justicia off shore para Cristina

El anuncio de que Cristina será defendida en los tribunales internacionales por un abogado brasileño que defendió exitosamente a Lula da Silva y otro exjuez español prueba que también el peronismo ha elegido la jurisdicción extranjera para resolver sus dramas.

El peronismo ha sostenido en su momento una posición rígida en defensa de la jurisdicción nacional a la hora de firmar compromisos internacionales. Debió admitir la extranjera, tal como reclaman los inversores de afuera. Ahora empieza a entender que la suerte de sus dirigentes puede ser mejor defendida en tribunales foráneos que en los locales.

La idea de recurrir a tribunales off shore la comenzó Cristina en el caso Vialidad y se discute en el peronismo desde junio de 2025, cuando se le dictó la sentencia. Más cerca de ahora, Miguel Pichetto propuso reclamar por lo menos contra la inhabilitación, que se le dictó como accesoria a la sentencia por defraudación, que ya es cosa juzgada.

El diputado argumenta que esa inhabilitación equivale a la muerte civil. Considera que es una figura anacrónica que agravia a la persona, pero, antes que nada, al derecho que tienen los electores a elegir sin proscripciones.

Sostiene el argumento con el artículo 38° de la Constitución, que dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema político. También cita casos internacionales, como el de Marine Le Pen en Francia.

El tribunal de Casación redujo la condena de inhabilitación para habilitar su participación en las elecciones presidenciales en Francia el año próximo y así darle al electorado la posibilidad de votarla.

Rafael Valim colaborará con Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo de España; este último pudo vincularse con Cristina a través del exjuez Baltasar Garzón, que integra el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, un capítulo del Grupo de Puebla.

El CLAJUD milita el lawfare que denuncian dirigentes de centroizquierda y presentó un informe sobre el caso Cristina que señala presuntas irregularidades procesales, violación de garantías constitucionales y proscripción política.

Garzón, de extracción socialista, al igual que Borrego, está especializado en derecho internacional y justicia global. Fue asesor del gobierno de Cristina durante su segundo mandato. Primero trabajó como consultor ad honorem de la Cámara de Diputados y luego asesor remunerado en la Secretaría de Derechos Humanos, hasta la llegada de Macri en 2015.

Borrego tiene un perfil garantista y conservador, y ha participado en actividades del partido Vox, de la derecha española, referencia peninsular de Javier Milei.