El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una alerta legal para confirmar que las leyes de California brindan protección contra la discriminación que padecen los hogares grupales para personas con discapacidades. De esta manera, el gobierno de Gavin Newsom confirma la jurisdicción de los gobiernos locales.

Junto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglé) y el Departamento de Derechos Civiles (CRD), Bonta emitió la alerta luego de una decisión tomada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso The Ohio House, LLC v. City of Costa Mesa.

En California, las leyes prohíben la discriminación contra los hogares grupales y exige que los gobiernos locales promuevan activamente la vivienda justa y apoyen las oportunidades para las personas con discapacidades.

“Nuestras leyes protegen el derecho de las personas con discapacidad a vivir en viviendas inclusivas y comunitarias”, declara Bonta.

Agrega: “Hoy dejamos claro que los gobiernos locales no pueden usar una decisión judicial federal limitada como justificación para socavar esas amplias protecciones ni excluir a los californianos vulnerables. Los tribunales estatales, no los federales, tienen la última palabra sobre el significado de la ley de California”.

Advertencia a municipios y condados

En concreto, Bonta advierte que los gobiernos locales que se basen en el fallo sobre de Ohio House para adoptar o aplicar políticas de zonificación restrictivas sobre hogares grupales podrían enfrentar responsabilidades legales.

Las residencias grupales son hogares donde personas con discapacidad sin parentesco entre sí conviven y reciben apoyo de sus pares y otros servicios relacionados. Comparten espacios como cocinas y salas de estar, y participan de la vida comunitaria diaria.

El fiscal Rob Bonta, en la foto junto a Gavin Newsom, emitió una alerta legal para recordar las leyes que protegen a los hogares comunes para personas con discapacidades. Foto: EFE. EPA/ John G. Mabanglo.

En el caso Ohio House, la Corte del Noveno Circuito confirmó ciertas regulaciones para hogares grupales adoptadas por la ciudad de Costa Mesa y rechazó las demandas estatales y federales que alegaban que dichas regulaciones discriminaban a las personas con discapacidades.

Como el tribunal se negó a analizar exhaustivamente las leyes más amplias de California sobre vivienda y antidiscriminación, la alerta legal emitida por Bonta aclara el alcance y la naturaleza de las leyes estatales.

La alerta de Bonta cita sentencias judiciales de larga data en California que interpretan de forma amplia las protecciones estatales de vivienda justa y advierte que las políticas locales restrictivas dirigidas a residencias grupales pueden infringir la ley estatal y poner en peligro las certificaciones de cumplimiento del elemento de vivienda o la designación de Pro-Vivienda de las jurisdicciones locales.

El director del HCD, Gustavo Velásquez, agradeció la cooperación del fiscal general y coincidió en que los gobiernos locales tienen la obligación legal, y moral, de garantizar oportunidades de vivienda justa para nuestros residentes más vulnerables.

“Las leyes de derechos civiles de California son claras en cuanto a que las personas con discapacidades y las organizaciones que les brindan vivienda tienen derecho a recibir adaptaciones razonables”, agregó el director del CRD, Kevin Kish.

Los hogares grupales, o residencias para gente vulnerable o con discapacidades, existen en todo el mundo. Foto: EFE. JuanJo Martín.

Kish dijo que "los gobiernos locales deben cumplir con las protecciones estatales contra la discriminación cuando prestan servicios a sus comunidades, incluidas las poblaciones vulnerables que necesitan los entornos de vivienda que ofrecen las residencias grupales. Las leyes, políticas y prácticas locales que niegan ese acceso a la vivienda no tienen cabida en California".