Desde hace tiempo y más concretamente desde que asumió el presidente Javier Milei, venimos viendo anuncios de inversión y proyectos mineros que han sido beneficiados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre este sistema hay posturas encontradas, están los que consideran que sin los beneficios que le otorga el RIGI a los inversores, Argentina deja de ser competitiva y las empresas se llevan su dinero a otro lado.

Mientras que también están los que sostienen que el RIGI es un régimen con demasiados beneficios impositivos, que les permite a las empresas también traer maquinarias desde cualquier lugar del mundo y no desarrollar tecnología en el país, además de la posibilidad de girar utilidades a sus casas matrices.

En algunas provincias mineras, comienzan a tener claro que deben priorizar el desarrollo de la industria local, así como la contratación de empresas del lugar y el empleo de personas que viven en los Estados locales.

Un buen ejemplo es lo que pasó en San Juan cuando desde el proyecto minero Vicuña le entregaron la concesión de la construcción del campamento para 2.000 personas a una empresa China y quedaron fuera las nacionales. Pero también en esta provincia se sancionó una ley de compre local para que las mineras tengan en cuenta a los proveedores, empresas y empleados locales. En otras provincias, como en Mendoza, no piensan aplicar una medida de ese tipo.

Por otra parte, el valor elevado de algunos metales nos hace pensar también en las regalías que cobran las provincias, las que pueden variar entre un 3 y 5% y no más porque la ley nacional fija ese límite. Esto impide aprovechar el súper precio de los minerales.

Hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación que busca cambiar la forma de liquidar las regalías mineras, para que sean progresivas y móviles en función del margen operativo de cada emprendimiento. No lo presentó Myriam Bregman, lo hizo un diputado más ligado a Milei. Si se aplicara esa modificación, quedaría mucho más dinero para las provincias.

Para entender el problema de fondo es importante recordar una teoría que desarrolló en los años ’60 el economista Raúl Prebisch, junto con el entonces sociólogo y luego presidente de Brasil, Fernando Cardoso, entre otros.

¿Qué postulaba esa teoría? Básicamente que la economía mundial está diseñada de una manera que beneficia a los países del centro, que son los más ricos y desarrollados, y perjudica a los de la periferia que están en vías de desarrollo, haciendo que los segundos dependan de los primeros. Por eso se la conoció como la Teoría de la Dependencia.

La misma surgió como una respuesta a las teorías que decían que los países pobres simplemente estaban en una etapa temprana del desarrollo y que, si seguían el camino del libre mercado, eventualmente se volverían ricos. Pero la Teoría de la Dependencia llegó para señalar que era el sistema mismo el que no los dejaba avanzar.

Los teóricos de la dependencia explicaban con claridad que los países industrializados fabricaban bienes de alta tecnología y valor agregado; mientras que los de la periferia, proveían materias primas (agro, minería, petróleo) y mano de obra barata.

Agregaban también que el problema estaba en el deterioro de los términos de intercambio, porque con el tiempo los productos industrializados se volvían más caros, mientras que las materias primas tendían a valer menos.

Las posibilidades de que el beneficio del boom minero sea solo una ilusión aprovechada por determinados sectores políticos y empresarios, está a la vuelta de la esquina. Por ahora, las modificaciones al sistema normativo e impositivo solo han servido para beneficiar a las empresas.