La administración de Donald Trump impulsa un paquete de cambios regulatorios que reduciría de forma significativa la participación del público en la aprobación de proyectos de extracción de petróleo y gas en tierras federales de Estados Unidos. La iniciativa también flexibilizaría requisitos ambientales y disminuiría las obligaciones financieras de las empresas para cubrir los costos de limpieza de pozos, una medida que recibió fuertes críticas de organizaciones ambientalistas y defensores de la participación ciudadana.

El Departamento del Interior anunció su intención de modificar dos regulaciones aprobadas durante la administración de Joe Biden. Según The Guardian, una de ellas reduciría las garantías económicas que las compañías deben presentar antes de iniciar perforaciones, mientras que la otra eliminaría requisitos vinculados con el control de emisiones de metano, uno de los gases con mayor impacto sobre el calentamiento global.

Otro de los cambios afectaría directamente los procesos de consulta pública. En la actualidad, la Oficina de Administración de Tierras (BLM) debe abrir distintos períodos para que ciudadanos, comunidades y organizaciones presenten comentarios antes de cada subasta de arrendamiento destinada a la explotación de petróleo y gas. En conjunto, ese procedimiento contempla al menos 90 días de participación pública.

La propuesta eliminaría por completo los dos primeros períodos de consulta y reduciría de 30 a 10 días el plazo para presentar protestas una vez publicada la subasta. Como consecuencia, el público ya no podría expresar observaciones sobre las evaluaciones ambientales antes de su aprobación definitiva.

“Un plazo de protesta de 10 días tampoco es suficiente para que el público pueda expresar su opinión, dado que en una sola subasta puede haber docenas de parcelas arrendadas, cada una con sus propias preocupaciones en cuanto a recursos”, afirmó Wendy Park, abogada sénior del Centro para la Diversidad Biológica, según The Guardian.

La administración de Donald Trump impulsa un paquete de cambios regulatorios. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo.

“Es fundamental que el público tenga tiempo para plantear sus inquietudes sobre recursos específicos sobre el terreno, especialmente porque el personal de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) a menudo no está familiarizado con las condiciones del terreno ni con las posibles consecuencias de sus decisiones”, agregó.

Desde el gobierno defienden las modificaciones

Un portavoz del Departamento del Interior afirmó que las nuevas reglas buscan eliminar procedimientos que consideran obsoletos y acelerar el desarrollo de la producción energética nacional. “Estas actualizaciones específicas eliminan la burocracia que históricamente ha disuadido la inversión, garantizando que nuestras tierras públicas sigan siendo un motor fiable para el crecimiento económico y la innovación”, afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum, según The Guardian.

Las organizaciones ambientales interpretan el plan de manera muy distinta. Alexa Dietrich, directora de investigación de Union of Concerned Scientists, afirmó que la administración ataca los mecanismos democráticos al limitar la participación pública mientras favorece a las empresas del sector. Según la especialista, la reducción de esos espacios forma parte de una estrategia más amplia de desregulación.

La administración propone recortar los períodos de consulta para proyectos de petróleo y gas. Foto: Pxhere.

Los críticos sostienen que esta política no constituye un hecho aislado

Durante los últimos meses, distintas agencias federales propusieron reducir o eliminar períodos de comentarios públicos en evaluaciones ambientales y otros procesos regulatorios. Incluso, algunos organismos plantearon que esas consultas pasen a ser opcionales o que sus resultados no influyan sobre las decisiones finales, como informó The Guardian.

Las reformas también contemplan una reducción de las garantías financieras que las empresas deben aportar para la limpieza de pozos agotados. El monto pasaría de 500.000 dólares, establecido durante la administración Biden, a solo 25.000 dólares.

Además, desaparecería la obligación de presentar planes para capturar el metano producido durante las operaciones. Para los grupos ambientalistas, estas medidas trasladan el riesgo económico a los contribuyentes y aumentan las posibilidades de contaminación una vez que los proyectos concluyan.