El pasado 1 de octubre entró en vigor la ley HB 559, promulgada por el gobernador Ron DeSantis y que establece nuevos delitos graves para personas que cometan crueldad animal agravada, organicen peleas o provoquen a animales, o realicen actividades sexuales con animales. La misma categoría se aplicaría a un adulto que incite a un menor a participar en alguno de estos actos.

En un comunicado, el gobernador asegura que “Florida se ha convertido en un líder en la protección de los animales y en exigir responsabilidades a quienes les hacen daño”. Agrega que “esta ley brinda a las fuerzas del orden y a las comunidades locales herramientas adicionales para combatir el maltrato animal, incluyendo nuevas penas por delitos graves por actos horribles de crueldad animal”.

Otra ley, la SB 1004, añade DeSantis “mejora las protecciones legales para las personas que compran y tienen mascotas y proporciona una verdadera responsabilidad a las empresas que violan la legislación”.

En un año marcado por las disputas entre demócratas y republicanos por las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, la iniciativa representó una tregua en la legislatura de Florida. El proyecto HB 559 fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes y sin votos en contra en el Senado.

¿Qué dice la nueva ley?

Las nuevas normas se suman a otras aprobadas en 2025: las leyes Trooper y Dexter, que aumentaron las penas por el abandono de animales durante desastres naturales y por actos graves de maltrato animal. El gobernador también había firmado otra ley que autoriza a los servicios de emergencia a transportar y brindar atención médica de urgencia a los perros policía heridos.

La ley establece un banco de datos para los condenados por maltrato animal. Foto: EFE.

Las principales disposiciones de la ley HB 559 son:

  • Crea delitos graves para los adultos que causen o inciten a menores a participar en actos de crueldad animal agravada, peleas de animales o abuso sexual que involucre a animales.

  • Aumenta las penas penales por peleas de animales y delitos de hostigamiento animal según el Código Penal de Florida.

  • Exige que los menores condenados por delitos de crueldad animal se sometan a una evaluación psicológica y, si fuera necesario, a un tratamiento.

  • Amplía la base de datos de delincuentes por maltrato animal de Florida, mantenida por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

  • Aumenta los recursos de los gobiernos locales para hacer cumplir la ley, elevando las sanciones civiles máximas por violaciones de las ordenanzas contra la crueldad animal e imponiendo penas más severas a los reincidentes.

Los principales puntos de la ley SB 1004 son:

  • Exige a los vendedores de mascotas que revelen las condiciones de financiación antes de que se finalice la venta.

  • Permite a los consumidores rescindir los acuerdos de financiación sin penalización si posteriormente se determina que un animal no es apto para la compra debido a una enfermedad.

  • Exige a los vendedores que proporcionen historiales médicos veterinarios que documenten los exámenes, medicamentos y tratamientos administrados al animal.

  • Exige una notificación por escrito que informe a los consumidores de sus derechos según la ley de Florida, incluida la posibilidad de devolver o cambiar un animal enfermo y solicitar el reembolso de los gastos veterinarios.

El gobernador afirma que Florida es líder en materia de protección de los animales. Foto: EFE.

La ley HB 559 establece nuevas precisiones para el funcionamiento de la base de datos de personas condenadas por maltrato animal, que quedará bajo la administración del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). El registro deberá incluir el nombre de la persona condenada, sus alias, la fecha de nacimiento, el condado donde recibió la condena y otros datos, además de su fotografía policial.

La permanencia en la base de datos dependerá del tipo de condena. El FDLE deberá mantener los datos durante tres años después de una condena por un delito menor, cinco años después de una condena por un delito grave y diez años en caso de una condena adicional, sin importar si se trata de un delito menor o grave.

La legislación también exige que el FDLE establezca un procedimiento para solicitar la eliminación de un nombre del registro cuando se cumplan los requisitos establecidos.