Ante la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general, Mario Villar, reclamó que el 23 de octubre se haga un único juicios sobre los casos Los Sauces SA (inmobiliaria) y Hotesur SA (hotelería), las empresas de la familia Kirchner investigadas por operaciones de lavado de activos. El planteo se opone al criterio del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que resolvió hacer dos juicios contra Máximo y Cristina Kirchner, entre otros imputados.

El calendario judicial sostiene que el 23 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, se dará inicio al debate oral y público por el caso Los Sauces. Se trata de la inmobiliaria de la familia Kirchner utilizada, sostiene la acusación, para dar apariencia de licitud a fondos de origen ilegal.

En ese expediente la ex Presidenta está acusada como jefa de la asociación ilícita y por blanqueo de activos. Su hijo y diputado nacional, en tanto, deberá responder por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y como coautor del lavado de dinero.

El TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, resolvió que ese caso se juzgue de forma separada de Hotesur, donde las maniobras de simulación de alquileres para lavar dinero se concretaron a través del negocio hotelero. El cuadro probatorio atribuye los mismos delitos.

Para el Ministerio Público Fiscal, dividir los debates, “causa un gravamen concreto al ejercicio de la acusación pública”, ya que “fragmenta el juzgamiento de maniobras que los propios requerimientos describen entrelazadas”.

Otro de los aspectos señalados por la fiscalía es que realizar dos juicios “altera las condiciones en que este Ministerio Público producirá y controlará la prueba e impide una valoración integral de los hechos”.

Los argumentos fueron avalados este jueves ante la Cámara de Casación por el fiscal general Mario Villar quien solicitó que se realice a partir del 23 de octubre, un único juicio.

En el escrito interpuesto por el representante del Ministerio Público y al que accedió Clarín, se indicó que lejos de imprimir celeridad en el juicio con la división de los expedientes, se generará confusión.

“La resolución cuestionada es doble. Por un lado, al dividir la causa se genera una parcialización de la prueba y dificultad apreciar la maniobra en su real significación jurídico-penal poniendo en riesgo la teoría del caso de los acusadores y limitando, también, a la propia defensa de los imputados”, sostuvo el fiscal Villar.

Por otro lado, continuó Villar, dividir las actuaciones “no favorece la celeridad, pues implica dos procesos completos separados y, entre otras cosas, rondas completas de alegatos y dos sentencias; con los plazos que ello implica, además de los posibles recursos que puedan plantearse”.

En definitiva, “la resolución del TOF 5 no cuenta con los fundamentos mínimos, suficientes y necesarios para ser considerada un acto jurisdiccional válido por no resultar una derivación razonada del hecho ni del derecho vigente, lo que impone su anulación por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias”.

Con este argumento, Villar convalida lo ya manifestado por el fiscal de juicio, Diego Velasco, quien consideró la resolución del TOF 5 con la que se dividieron los juicios, “no demuestra de manera incontrovertible que el juzgamiento de los tramos de la causa de manera conjunta redunde en un “grave retardo”.

Los fiscales desestiman otro argumento del Tribunal: la idea de que el enjuiciamiento conjunto conllevaría la extensión del debate a más de dos años y que ello “no redundaría en la celeridad pretendida”. Por el contrario, “sostiene que la falta de avance de las actuaciones siempre se debió a una decisión del órgano jurisdiccional que retrasó el inicio del debate”.

Un sola maniobra

El Villar, hizo puntual énfasis en la maniobra delictiva denunciada. Sostuvo en su presentación ante la Sala I del máximo tribunal penal, que la asociación ilícita juzgada, “habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias espurias obtenidas, en perjuicio de la Administración Pública Nacional, de los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner”.

La maniobra incluía una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de la familia Kirchner, la “construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”.

La apropiación de los fondos del erario público y la transferencia de parte de ellos al patrimonio del grupo “Kirchner” “habría tenido una matriz determinada”, sostuvo Villar.

Este circuito económico y financiero estructurado a partir de la actividad inmobiliaria y hotelera les “habría permitido canalizar de forma regular los fondos que las empresas mencionadas se habrían apoderado del Estado Nacional a favor de las empresas “Los Sauces” y “Hotesur” —integrada, originariamente, por Néstor Kirchner; Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner–, procedimiento de exteriorización que estaba destinado a dificultar la vinculación del dinero con su origen ilícito”.

Para el Ministerio Público, los magistrados del TOF 5 concluyeron que debía desdoblarse el enjuiciamiento de los tramos “Hotesur” y “Los Sauces”, bajo la tesis de que hay autonomía de los delitos investigados. De este modo, “no sólo resolvieron una cuestión que quebrantó el principio acusatorio y de contradicción —las partes (todas ellas) jamás pudieron expedirse sobre la inconveniencia o no de una decisión como la cuestionada—“.

Además, consideró que al dividir los juicios, el TOF 5 “diseccionó la teoría del caso sostenida por este Ministerio Público Fiscal en tanto titular de la acción penal pública a partir de una incorrecta y formalista exégesis de una norma procesal”.