El Senado avanza con los pliegos judiciales enviados por Javier Milei para cubrir las vacantes en distintos fueros y este martes se retomaron las audiencias públicas en las que 16 candidatos, entre ellos el exsecretario del juez federal Ariel Lijo, defendieron sus nominaciones.

Se trata de Juan Rodríguez Ponte, quien despertó la atención por su vínculo con el magistrado que investiga el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció el fin de semana presionado por la posibilidad de ser removido por el Congreso.

Rodríguez Ponte, postulado para el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, no tuvo problemas para pasar la audiencia pública y seguramente tendrá el dictamen de la comisión de Acuerdos quedando su pliego habilitado para ser tratado en el recinto a partir de la próxima semana.

Durante la audiencia, el candidato recibió dos consultas que fueron realizadas por los peronistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Ambos senadores apuntaron a la importancia del cargo que deberá asumir, ya que el juzgado para el que se postula tiene jurisdicción en el Aeropuerto de Ezeiza y también en el complejo penitenciario de la misma localidad.

Frente a las consultas, el aspirante admitió que es "un gran desafío" para su carrera y prometió "aplicar la experiencia" que adquirió durante los años que lleva en el Poder Judicial.

Exsecretario de Lijo quedará a cargo de la causa contra Insaurralde

Pero Rodríguez Ponte, quien llegó a esta instancia siendo titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, organismo dedicado a las escuchas telefónicas, tendrá a su cargo un juzgado que adquirió relevancia en los últimos meses por investigar a Ariel Vallejo, amigo de Claudio "Chiqui" Tapia y dueño de la financiera Sur Finanzas, por una posible asociación ilícita y lavado de dinero.

Además, ese despacho que está siendo subrogado por Luis Armella, también interviene en la causa que involucra a Martín Insaurralde y su expareja Jesica Cirio, investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se espera que con la asunción de Rodríguez Ponte se acelere la causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora.

En la tanda de este martes, solo uno de los 16 postulantes recibió 4 impugnaciones. Se trata de Ángel Roger Luna Roldán, candidato a la Cámara del Tribunal Oral Criminal de Tucumán, cuya nominación fue cuestionada por vínculos con el poder político de Santiago del Estero y el ahora senador Gerardo Zamora. Sin embargo, el candidato presentó un escrito rechazando las objeciones.

Un polémico fiscal que investigó a Lázaro Báez busca acuerdo del Senado

Las audiencias continuarán este miércoles con otros 11 expedientes para completar esta tanda de pliegos que la Cámara alta dio ingreso en la sesión del pasado 14 de mayo.

De esta manera, el Gobierno va a cubrir vacantes en los fueros de Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba, Salta, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires y CABA.

Dentro de los postulantes de este miércoles sólo hay cuestionamientos para Patricio Nicolás Sabadini, candidato a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, quien llega con 5 impugnaciones.

Sabadini, actualmente se desempeña como fiscal federal, y tuvo trascendencia por impulsar investigaciones sensibles como una por facturas truchas contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. También intervino en causas contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y contra el ex gobernador Jorge Capitanich por presunto lavado de dinero.

Además, el funcionario fue denunciado por su hermana, quien lo denunció por violencia de género luego de haber recibido y difundido un correo electrónico en donde se la amenazaba gravemente.

Estos pliegos seguramente se sumarán a otros 7, en su mayoría corresponden al fuero laboral, que iban a ser tratado en la fallida sesión del jueves pasado, que se cayó por una maniobra de Patricia Bullrich para impedir que se trate el pedido de interpelación de Manuel Adorni, quien terminó renunciando a la jefatura de Gabinete al avanzar la causa por enriquecimiento ilícito.