Un juez de Formosa, con pasado como dirigente justicialista y de militancia por Gildo Insfrán, dictaminó en las últimas horas una sanción de cinco días de arresto o el pago de multas a un grupo de periodistas que grabó entrevistas en la vía pública. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó la medida del juez Omar Padilla y advirtió: "En la Argentina no se necesita licencia ni autorización estatal para ser periodista".

Las atribuciones del gobernador Insfrán, quien ejerce hace más de 30 años ininterrumpidos el poder y buscaba otra reelección que la Corte Suprema nacional desestimó, y funcionarios suyos quedaron en la palestra por un caso de adoctrinamiento en escuelas primarias, luego de que un video mostrara a una referente de la gobernación preguntando a los niños quién les dio sus guardapolvos y, ante el silencio de los menores, respondió que "Gildo Insfrán, por supuesto".

Esta semana un juez de Paz de su provincia añadió otro capítulo a la discusión. Se trata de Omar Padilla, magistrado de Las Lomitas. Según el juez, los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, de La Nación, fueron responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad (grabar imágenes en la vía pública) sin tener para ello con la autorización previa exigible ni carnet para ejercer el periodismo.

La condena es por cinco días de arresto o el pago de una multa de 282.550 pesos por cada uno de los periodistas.

Gildo Insfrán lleva más de 30 años ininterrumpidos como gobernador de Formosa.

Además del carácter arbitrario de la medida dictada, también el currículum del juez Padilla quedó en el centro de la discusión. Ocupó una banca como concejal y fue dirigente justicialista de Las Lomitas. También es conocido en la provincia norteña por su pasado como militante del gobernador Insfrán, a quien defendió públicamente antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, donde nada se mueve sin la venia del gobernador.

"Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador", arengaba Padilla años atrás. En marzo de 2025 fue nombrado juez de Paz de Menor Cuantía por el Superior Tribunal provincial, el cargo desde el que condenó a los periodistas de La Nación. El tribunal justificó que Padilla reunía el perfil necesario para desempeñarse con "eficiencia, prudencia y dedicación".

En 2014, mientras era abogado y ocupaba una banca como concejal de Las Lomitas, ese mismo Superior Tribunal de Justicia remarcó la incompatibilidad de ese cargo con su participación como conjuez y lo excluyó de la nómina de conjueces.

Más adelante se vincularía al peronismo local y en 2024 fue parte de actividades de la Unidad Justicialista de Las Lomitas. En noviembre de ese año fue presentado como dirigente de esa unidad militante. En la mencionada localidad afirmaba trabajar mediante el "acompañamiento y la gestión del gobernador Insfrán".

La respuesta de ADEPA

La asociación periodística se expidió sobre el fallo del juez Padilla, y lo hizo en términos duros. "Se considera preocupante e inadmisible que una controversia vinculada la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa", señala el escrito de ADEPA.

ADEPA rechaza enfáticamente una sentencia en Formosa que criminaliza a periodistas por hacer su labor y exige una matrícula para ejercer el periodismo ➡️https://t.co/QWUmGITlli

— ADEPA (@Adepargentina) September 24, 2026

"La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística. En la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información", amplía.

Y afirma: "La libertad de buscar, recibir y comunicar informaciones está reconocida por la Constitución Nacional a todas las personas y no puede quedar condicionada al otorgamiento de una credencial por parte del Estado ni por organismo alguno".

"La exigencia de autorizaciones estatales para realizar tareas periodísticas no puede transformarse en un mecanismo que permita impedir o condicionar previamente qué periodistas pueden investigar determinados asuntos o acceder a información de interés público", alertó Adepa.