Se conoció un oscuro episodio que Florencia Peña y su hijo Juan Otero mantuvieron en reserva durante los últimos años. Se trata de una situación que atravesó el adolescente cuando tenía 14 años, involucró amenazas y extorsión, y terminó en una causa penal.

La historia se remonta a unos cuatro años atrás, cuando la actriz se había mudado con su familia a un barrio privado de Pilar llamado "Los Puentes". Rápidamente, ella y sus hijos se hicieron amigos de los vecinos por lo que su casa se convirtió en un punto de encuentro habitual para todos.

En ese contexto, Juan entabló una relación de amistad con una joven llamada Candela, que tenía entre 17 y 18 años.

Pero los problemas comenzaron cuando Peña notó que habían desaparecido cosas de su casa: primero, objetos pequeños y de poco valor, como adornos y ropa. Hasta que la situación escaló y aparecieron gastos desorbitantes en la tarjeta de crédito de la actriz.

Al descubrir esto, ella desconoció los gastos, pero al mes siguiente no sólo no cesaron, sino que se duplicaron. Peña comenzó entonces a preguntarles a sus hijos quién podía estar utilizando la tarjeta y decidió investigar qué estaba pasando.

Fue en ese momento que Juan decidió contarle a su madre una angustiante situación que venía atravesando desde hacía meses: su amiga Candela y su mamá, Luján Muñoz, lo tenían amenazado.

Peña no quiso dar detalles para proteger a su hijo, que hoy tiene 18 años, pero esta joven y su madre habrían utilizado información privada sobre él para presionarlo y pedirle dinero a cambio de no revelarla.

A los 14 años, Juan Otero le confesó a Florencia Peña que lo estaban extorsionando y amenazando.

Frente a esta fuerte confesión por parte del adolescente, la actriz intentó primero hablar con la familia, pero al no obtener respuesta, optó por la vía judicial, con la representación legal de su abogado Fernando Burlando.

Una vez que se inició la causa penal, Florencia también comenzó a recibir amenazas desde una cuenta anónima que intentaba extorsionarla con información obtenida desde adentro de su propio hogar.

Los investigadores de ciberdelitos lograron rastrear la dirección IP desde donde se enviaban estos mensajes y determinaron que correspondía al domicilio de la familia involucrada.

Ahora, según informó Peña a LAM (América TV), desde donde hicieron público el caso, el proceso judicial se extendió durante varios años y la causa, que involucró denuncias por robos, amenazas y extorsión, tuvo sentencia hace aproximadamente un mes.