La media sanción que le dio este jueves el Senado a la Ley de Biocombustibles fue celebrada por entidades y cámaras del sector agroindustrial, que aseguran que con la normativa totalmente aprobada, podrían destrabarse inversiones por US$ 1.000 millones.

La iniciativa, que fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra, establece que el biodiésel pase del 7,5% al 10% en el gasoil y que el bioetanol suba del 12% al 15% en las naftas, que se canaliza a través de un sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente, y las empresas exportadoras podrán participar del mercado interno de biodiésel con una transición hasta el 2036.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) consideró como "fundamental" el paso dado por la Cámara Alta ayer a la noche, ya que impulsa "el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina".

De acuerdo con estimaciones de la entidad - que agrupa a más de 60 cámaras del sector - la plena implementación de la Ley atraería "inversiones privadas superiores a los US$ 1.000 millones destinadas a la ampliación de capacidad instalada, desarrollo tecnológico, infraestructura logística y generación de energías limpias".

Bloque de la Libertad Avanza luego de la aprobación del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles.

Asimismo, la medida tendrá "un impacto directo en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y posibilitará un ahorro estratégico de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles", agregaron desde el CAA.

Al respecto, el presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, sostuvo que “aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono, mejorar la calidad de los biocombustibles y un precio competitivo para el consumidor, especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad. Queda ahora en manos de la Honorable Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”.

En la misma línea, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), afirmó que este proyecto "promueve el incremento de los cortes obligatorios de bioetanol y de biodiésel y fomenta la libre competencia que traerá beneficios para los consumidores y permitirá proyectar futuras inversiones".

Rechazo de las pymes

Lejos de pensar que la nueva ley impulsada por el oficialismo repercute de manera positiva en el sector, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), sostuvo que la normativa "es discriminatoria" y que "condena al sector a la quiebra".

En una carta dirigida al Presidente Javier Milei, la entidad que agrupa a pymes productoras de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, entiende que la normativa “amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas”, y cuestiona que se presente como una desregulación cuando "beneficia a un grupo concentrado de grandes aceiteras".

El Senado dio media sanción a la nueva Ley de Biocombustibles y giró el proyecto a Diputados.

“Una ley que fija un corte obligatorio es, por definición, una regulación. El proyecto segmenta, asigna cupos, fija precios de referencia y programa cronogramas. No elimina la regulación: la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado", indica la misiva.

En este sentido, la entidad marcó que su rechazo "no responde a la defensa de privilegios", sino que "está de acuerdo con modernizar el régimen y elevar el corte de biodiésel", pero advierte que "la competencia que plantea el proyecto es, por su diseño, imposible de sostener para las pymes: el aceite de soja —el 80% del costo del biodiésel— lo controlan las mismas empresas integradas que la ley habilita a competir contra ellas".

“Poner a competir en igualdad a quien fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada", concluyó Cepreb.