Hugo Sigman, fundador y CEO del Grupo Insud, se negó a responder preguntas este jueves en su declaración indagatoria ante la Justicia que la demora inicial en el acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas durante la pandemia de Covid-19. Pero en un escrito, sostuvo que el retraso “estuvo relacionada con las condiciones jurídicas exigidas por la compañía y el marco legal argentino, y no con una exigencia de incorporar un socio local”. Y negó favoritismos del gobierno K hacia sus empresas.

“No existe evidencia que permita vincular relaciones personales o profesionales con una maniobra concreta destinada a desplazar a Pfizer para beneficiar económicamente a AstraZeneca, Mabxience, Sinopharm o Elea Phoenix”, agregó para explicar su rol en la provisión de vacunas al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la pandemia de 2020 y 2021, según informaron a Clarín fuentes de su defensa. Sigman mantiene una estrecha relación personal con la ex presidenta Cristina Kirchner.

El empresario declaró por Zoom y no en forma presencial debido a que tiene 83 años y reside en Madrid. Su declaración estuvo centrada, entre otros puntos, en la demora en la compra de las vacunas de Pfizer y en la adquisición de las Sputnik V a Rusia y las Sinopharm a China. El Covid-19 provocó más de 130.000 muertes en la Argentina.

Ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli, Sigman explicó que “Mabxience produjo el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, pero no vendió vacunas al Estado argentino ni obtuvo beneficios vinculados con la cantidad de dosis compradas por la Argentina”.

El presidente Alberto Fernández recibe la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

“Elea Phoenix participó técnicamente de una parte del ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm, pero no intervino en su comercialización ni obtuvo beneficios derivados de las compras realizadas por el Estado”, agregaron las fuentes.

“La imputación fiscal se construye sobre inferencias y una valoración fragmentaria de los hechos, sin evidencia suficiente de una conducta con relevancia jurídico-penal. Por esas razones, corresponde el sobreseimiento solicitado en la causa”, consideró la defensa de Sigman, que lleva adelante el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

En un dictamen, Stornelli impulsó la denuncia de un grupo de diputados que pertenecieron a Juntos por el Cambio y acusó a Vizzotti y a otros funcionarios de haberse interesado en la compra de vacunas locales y luego de las Sputnik “en busca de un beneficio propio o de un tercero en forma incompatible con el ejercicio de las funciones públicas (arts. 248, 249 y 265 del CPN), en el marco de las negociaciones llevadas adelante desde la Administración Nacional con los distintos oferentes de vacunas contra el Covid-19”.

Carla Vizzotti, ex Ministra Salud Nación en una conferencia Expo Cannabis Rural Palermo

El fiscal sostuvo también que durante la pandemia existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.

Desde mediados de 2020, el laboratorio Pfizer habría ofrecido 13,3 millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, otras 25 millones de dosis. No obstante, “habría existido de parte de los funcionarios nacionales intervinientes un ‘claro favoritismo’ hacia laboratorios locales que actuarían como ‘socios locales’ de fabricantes de vacunas, a quienes el Gobierno nacional habría privilegiado autorizando la venta de las mismas y relegando a quienes no tendrían dicha asociación local”, resaltó Stornelli.

La defensa de Sigman y el vínculo con AstraZeneca

Hace tres meses, en su declaración indagatoria, la ex ministra de Salud Carla Vizzotti sostuvo ante la Justicia que no participó de la redacción de la Ley 27.573, que retrasó la compra de vacunas de Pfizer contra el Covid-19, ni de las negociaciones con Rusia y los laboratorios locales para adquirir las dosis de Sputnik V.

Vizzotti se presentó ante el juez Lijo y el fiscal Stornelli, se negó a responder preguntas, pero entregó un escrito negando las imputaciones y escudándose en la ley 27.573 que autorizó la compra directa. Esa ley, que incluyó el concepto de negligencia y trabó la negociación con Pfizer, fue impulsada por la diputada kirchnerista Cecilia Moreau.

Vizzotti, que ocupó el cargo de ministra de Salud entre 2021 y 2023, tras la renuncia de Ginés González García por el escándalo del llamado “Vacunatorio VIP”, afirmó, en su intento por despegarse de la adquisición de las vacunas rusas, que sus tareas “se circunscribieron a aspectos estrictamente sanitarios, técnicos y epidemiológicos, vinculados al análisis de la información científica disponible, la caracterización de plataformas vacunales, el análisis de criterios de eficacia, seguridad, logística de distribución y estrategias de implementación en el territorio nacional”.

El precio de las vacunas

Fuentes de la defensa de Sigman afirmaron que “AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim impulsaron un esquema para producir la vacuna contra el Covid-19 a un costo accesible para los países de América Latina, como lo demuestra su precio de USD 4 frente a los USD 12 o más de otras vacunas”.

“Como AstraZeneca no disponía de plantas propias en la región para realizar todas las etapas de producción, contrató a Mabxience, cuya planta está ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires, para fabricar el principio activo. Para la formulación y el llenado de los viales contrató al laboratorio Liomont, de México”, agregaron.

Luego aclararon que “Mabxience no vendió vacunas al Estado argentino, no participó de su comercialización, distribución o adjudicación y tampoco intervino en los ensayos clínicos ni en el registro sanitario de la vacuna. Esas funciones y responsabilidades correspondieron a AstraZeneca”.

Por lo tanto, según la defensa, Mabxience no fue un “socio local” de AstraZeneca para la venta de vacunas, sino un proveedor industrial contratado específicamente para fabricar el principio activo.

AstraZeneca contrató a Mabxience para producir una cantidad determinada de principio activo destinada a aproximadamente 220 millones de dosis para América Latina. Esa contratación era independiente de la cantidad de vacunas que finalmente compraran la Argentina o los demás países de la región.

Por esa razón, según la defensa, Mabxience no obtenía un beneficio económico si la Argentina compraba más dosis de AstraZeneca. Su remuneración estaba vinculada al servicio de manufactura contratado y no al volumen de vacunas adquirido por el Estado argentino, destacaron las fuentes.

De acuerdo con la información suministrada por AstraZeneca, la Argentina recibió finalmente el 9% del total de vacunas que la compañía vendió en América Latina.

Sinopharm y Elea Phoenix

La participación de Elea Phoenix en relación con la vacuna Sinopharm también fue exclusivamente técnica y estuvo limitada a una parte del ensayo clínico de Fase III realizado en la Argentina, como parte de un estudio desarrollado en varios países, agregaron las fuentes de la defensa.

Elea Phoenix no intervino en las negociaciones entre el fabricante chino y el Estado argentino, ni en la venta o distribución de la vacuna Sinopharm.

Por su participación en el ensayo clínico, recibió un honorario previamente determinado y, según la defensa, no obtuvo ningún beneficio económico relacionado con la cantidad de vacunas que posteriormente comprara la Argentina, contaron.

La situación fue equivalente a la de Pfizer, que contrató al equipo de los doctores Fernando Polack y Gonzalo Pérez Marc, de la Fundación Infant, para realizar parte del ensayo clínico de su vacuna en el Hospital Militar. En la Argentina participaron aproximadamente 3.000 personas de las 40.000 incluidas en el estudio global de Pfizer.

La realización local de un ensayo clínico no convierte al laboratorio, institución o profesionales contratados en “socios locales” del fabricante ni les otorga participación en la posterior venta de la vacuna al Estado.

“Los vínculos mencionados en la investigación con Ginés González García, Pedro Cahn, Carla Vizzotti o Sonia Tarragona no acreditan una intervención concreta destinada a impedir la compra de Pfizer ni a beneficiar a AstraZeneca o Sinopharm”, resaltaron las fuentes de la defensa de Sigman.

Piedras en memoria de los muertos por el Covid en el monumento a Belgrano.

La relación comercial y estratégica con Pfizer, por lo tanto, existía desde muchos años antes de la pandemia.

Antecedentes

Aunque el juez Lijo había archivado la denuncia a fines de 2023, la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó esa decisión en abril de 2025 y le ordenó reabrir y profundizar la investigación.

La denuncia original fue formulada por los entonces diputados nacionales Omar De Marchi, Waldo Ezequiel Wolff, Álvaro Héctor de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Adolfo Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Antonio Stefani, Alberto Emilio Asseff, Jorge Ricardo Enríquez y Federico Raúl Zamarbide.

En aquella presentación, los denunciantes sostuvieron que “Hugo Sigman -propietario de Mabxience- se asoció con el consorcio internacional integrado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, logrando la autorización y un contrato muy importante que el Gobierno habría pagado por adelantado, sin que se hubieran entregado, hasta la radicación de la denuncia, las vacunas comprometidas”.

Señalaron que el acuerdo celebrado con esas compañías en octubre de 2020 habría comprendido la compra de 11 millones de dosis de vacunas, por las cuales el Estado habría pagado en noviembre de ese año el 60% del contrato por adelantado.

Con respecto a la adquisición de las vacunas de Sinopharm por parte del Estado nacional, los denunciantes sostuvieron que “aparecería nuevamente como denominador común la figura de Hugo Sigman”.

En este caso, pusieron en conocimiento de la Justicia que el empresario, como titular de la empresa Elea, se habría asociado con Phoenix SRL y con la Fundación Huésped —fundada por el doctor Pedro Cahn, señalado como asesor del Poder Ejecutivo Nacional y que se hallaría integrada por la entonces ministra de Salud Carla Vizzotti— para realizar las pruebas de esas vacunas y ejercer su representación e