El estado de California encabezó una ofensiva judicial contra la administración del presidente Donald Trump tras la presentación de dos demandas federales dirigidas a bloquear la flexibilización de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La acción legal, liderada por el fiscal general californiano Rob Bonta junto al fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, cuenta con el respaldo de una coalición de 21 estados que denuncian un "retroceso de proporciones asombrosas" en la preservación de la fauna y los ecosistemas nacionales.

Las demandas impugnan formalmente las reformas impulsadas por el Departamento del Interior y ejecutadas a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina. Según los estados demandantes, las nuevas reglas desmantelan las protecciones históricas vigentes desde 1973, facilitando que empresas privadas y organismos federales alteren o degraden hábitats críticos habitados por más de 1.600 especies de plantas y animales protegidos.

Modificaciones a la ley: apertura a la minería y fin de protecciones automáticas

Los cambios regulatorios aplicados por el gobierno federal redefinen el concepto legal de "daño" a las especies, eliminando la prohibición de alterar o destruir los lugares donde la fauna amenazada se refugia, reproduce y alimenta. En la práctica, la nueva interpretación normativa abre estos territorios a actividades de desarrollo industrial, tala de bosques y explotaciones mineras bajo el argumento de eliminar la "extralimitación federal" y acelerar los plazos de autorización de proyectos.

De derecha a izquierda: el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general de California, Rob Bonta. Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Asimismo, la reforma elimina la norma que otorgaba protección automática a las especies clasificadas dentro de la categoría de "amenazadas". Con el marco actual, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre debe redactar normativas específicas de forma individual para cada especie recién designada, lo que genera un cuello de botella burocrático. La carga de trabajo adicional coincide con una reducción drástica de personal en la agencia ambiental, que perdió más de un tercio de su plantilla y acumula un retraso en la evaluación de más de 400 especies a la espera de protección legal.

Riesgo para la fauna de California y la economía del noroeste

California es el estado continental con mayor cantidad de especies amenazadas y en peligro de extinción, albergando íconos de la conservación como el cóndor de California y las nutrias marinas, cuya recuperación fue posible gracias a la legislación de 1973. Aunque el estado cuenta con su propia Ley de Especies en Peligro de Extinción desde la década de 1970, la normativa estatal mantiene vacíos legales: al menos 140 especies amparadas por el marco federal carecen de cobertura bajo las leyes locales y no existe un mecanismo estricto para defender la integridad de sus hábitats.

Entre las especies amenazadas se encuentra el cóndor de California, nutrias marinas y más. Foto: Madison Roberts/Audubon Photography Awards

Por su parte, las autoridades del estado de Washington advirtieron que la flexibilización de los controles federales pone en riesgo inminente a especies marinas emblemáticas como las orcas y el salmón. Según la fiscalía de Washington, la degradación de estos ecosistemas acuáticos afectaría directamente a las tradiciones comunitarias, la identidad regional y la economía pesquera del noroeste del país.

El argumento del gobierno federal y la respuesta de los conservacionistas

Desde el Departamento del Interior de los Estados Unidos defendieron la reestructuración normativa argumentando que la medida brinda un "alivio financiero y regulatorio" a ciudadanos y empresas que enfrentaban costos imprevistos y demoras innecesarias debido a interpretaciones que excedían el texto original de la ley.

Sin embargo, organizaciones conservacionistas como el Centro para la Diversidad Biológica celebraron la intervención masiva de los fiscales generales estatales, destacando que la decisión de casi la mitad de los estados del país de acudir a los tribunales demuestra la gravedad de la desregulación. Para los especialistas, la pérdida de hábitat constituye la principal causa de extinción a nivel global, por lo que desproteger los territorios equivale a condenar a las especies a su desaparición.