Pedro Pablo Cortés

Una corte federal en Miami analizará este jueves una demanda que busca marcar un precedente para regularizar a medio millón de cubanos en Estados Unidos y hacer valer de nuevo la Ley del Ajuste Cubano, mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado en el actual mandato de Donald Trump.

La jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, escuchará mañana argumentos de 'Bello-Rubio vs. el Departamento de Seguridad Nacional' (DHS), una demanda de 992 cubanos para que EE.UU. reconozca su estatus legal y la Ley del Ajuste Cubano, que otorga la residencia tras un año de habitar el país de forma legal.

Los demandantes están entre los 500.000 a 600.000 cubanos que entraron tras el vencimiento de la política 'Pies secos, pies mojados', que ordenó en 2017 el entonces presidente Barack Obama, y que les permitía quedarse de forma legal si pisaban territorio estadounidense.

Se estima que medio millón de cubanos entraron a Estados Unidos de 2019 a 2023 por la frontera con México y recibieron un documento I-220A, de "libertad bajo palabra", que el Gobierno no considera un estatus como el 'parole' (un alivio migratorio humanitario), por lo que no les deja solicitar la residencia permanente.

Entre los migrantes en el limbo están un hombre cubano, que se identificó ante EFE como 'Alan' por temor a represalias, y su esposa, quien entró hace cuatro años por la frontera con México y recibió una I-220A, por lo que ahora viven con "mucho miedo" de la separación y la deportación.

"Es complicado porque uno se siente mal, se siente decepcionado, se siente frustrado y con mucho miedo, no solamente por todo lo que está pasando, sino una deportación, porque eso sería morir en vida", expresa Alan en una entrevista telefónica.

El hombre, que entró hace cinco años y medio a Estados Unidos, también por la frontera con México, se vio afectado por la pausa de trámites migratorios para Cuba que ordenó la Administración Trump.

Por ello, llama a la audiencia una "bendición", pues uno de los abogados que lidera el caso, Mark Prada, explica a EFE que buscan convertirlo en una 'demanda de acción colectiva' para beneficiar a todos los cubanos en situaciones parecidas.

"Estamos tratando de certificar un colectivo nacional de todos los cubanos bajo varias definiciones, basado en la manera que fueron procesados en la frontera, porque había muchas cosas diferentes pasando. Así que a cada grupo necesitamos certificarlos (de forma) independiente uno del otro para argumentar esos casos", comenta.

Cada vez más cubanos deportados y menos residentes

El hecho ocurre tras una subida del 463 % de los arrestos migratorios de cubanos en el primer año de la presidencia de Trump, a 1.008 mensuales, mientras las aprobaciones de 'green cards' (tarjetas de residencia) para dicho grupo de migrantes se desplomaron del 99,8 % al 15 %, según un análisis del Instituto Cato, de ideología conservadora.

En tanto, el Gobierno de Trump ha elevado la presión sobre La Habana con más sanciones y un cerco petrolero, pero Alan considera que "en Cuba no ha habido ningún cambio".

"Si esa ley (del Ajuste Cubano) se viniera abajo, no ha habido ningún cambio. Yo entiendo que no ha habido ningún cambio satisfactorio. El día que haya un cambio en Cuba sería un cambio de régimen, totalmente fuera los Castro y que llegue la luz", opina.

Solo un paso preliminar

Ante a la audiencia, en la que el Gobierno pedirá desestimar la demanda, el abogado Prada matiza que le gustaría decir "que ganar esto va a proteger a todo el mundo de la deportación, pero es solamente para dar una herramienta que no han tenido hasta ahora para tratar de defender sus casos".

"Hay muchas partes en toda esta pelea, pero estamos tratando de ganar el punto más preliminar", indica. "Después de eso hay que aplicar (a la residencia) y ganar toda esa lucha, pero es mínimo dar una oportunidad a esta gente", añade.