Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, criticó el fallo que posterga por 60 días la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "el garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema" en materia de inseguridad.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado santafesino remarcó además que la jueza que dictó la decisión jurídica, Marta Elba Pascual de Lomas de Zamora, "le pide explicaciones" al gobierno bonaerense.

"El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar", manifestó Pullaro, que añadió en el mismo mensaje que "los jueces están para que las leyes se cumplan".

En ese sentido, expresó también que "la ley es muy clara" al "no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba".

Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar. Los jueces están para que las…

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2026

El gobernador de Santa Fe calificó de "muy grave lo que sucedió" y recordó que "costó mucho dar ese debate".

"En Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos", dijo en alusión a las olas de violencia en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

"Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar", concluyó el mandamás de la provincia.

El fallo de Pascual ya había generado cruces entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, justamente en redes sociales, la misma plataforma en la que se manifestó Pullaro. En aquel caso, Diego Santilli, ministro de Interior, criticó el "silencio" del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, ante la decisión judicial de la magistrada.

Como respuesta inmediata, Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, le salió al cruce y aseguró que con bajar la edad de imputabilidad "no alcanza". Se cruzaron entonces por las deudas de Nación con las provincias, la falta de infraestructura y de qué lado está cada uno, si del de la Justicia o el del delincuente.

Cornejo, otro gobernador que cuestiona la suspensión dispuesta en Buenos Aires

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también se refirió a la decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires y cuestionó el alcance de la medida.

“Creo categóricamente que esa jueza se ha extralimitado. Tiene la opción de declarar la inconstitucionalidad de la ley, si considera que corresponde, pero no tiene, de ninguna manera, la facultad de suspenderla por 60 días”, sostuvo Cornejo.

Para el mandatario, las dificultades de infraestructura no justifican suspender la aplicación de una norma vigente. En ese sentido, volvió a marcar la diferencia con Mendoza y las inversiones realizadas para sostener políticas que implicaron una mayor cantidad de personas detenidas y, en consecuencia, una mayor demanda sobre el sistema penitenciario.

El fallo que suspende por 60 días la baja de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires

Este lunes, cuando apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva la ley penal juvenil, la jueza Pascual, de la Provincia de Buenos Aires, ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Fue a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe) en representación de adolescentes privados de su libertad.

La jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses.

"Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia", sostuvo en su decisión.

D.D.