Hablar de vivienda en España en estos días es tocar un tema que está en carne viva.

El desalojo de Maricarmen, la vecina de 87 años que murió en un hospital antes de que el arrepentimiento de la empresa que la echó le permitiera volver a su casa, sacude a los españoles y los mantiene movilizados desde hace dos semanas.

La ola expansiva incluye un fracaso parlamentario de medidas apuradas por el gobierno de Pedro Sánchez para que la herida de la crisis habitacional dejara de supurar. Y hasta un adelanto de elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Ocho de cada diez españoles confiesan que comprar o alquilar casa los preocupa bastante o mucho, según el último barómetro de Vivienda elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Y Koldo Casla, relator de Vivienda de las Naciones Unidas, reconoce que España es el país de procedencia del 90 por ciento de las quejas presentadas ante la ONU sobre vivienda.

Desde hace dos semanas, un acampe en la Puerta del Sol reclama por el acceso a una vivienda digna. Foto: EFE/ Kiko Huesca

Casla es profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex, en Reino Unido, y fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como relator de Vivienda de la organización.

Antes de que se produjera el desalojo de Maricarmen, postulaba que si finalmente la obligaban a dejar su casa, “España estaría vulnerando el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU”.

A dos días del fallecimiento de Maricarmen, quien no llegó a firmar el nuevo contrato de alquiler que le iba a permitir permanecer en su casa durante ocho años por una mensualidad que no superaría el 30 por ciento de los 1.450 euros de su jubilación, Casla conversó con Clarín desde Ghana, donde se encuentra en una misión.

-¿España está ante un punto de inflexión en materia de vivienda?

-No me aventuro a conjeturar qué es lo que va a pasar. Confío en que esto suponga un antes y un después. El litigio estratégico (que consiste en apoyarse en casos judiciales concretos para generar transformaciones sociales, políticas o legislativas a gran escala) está lleno de campañas, a lo largo de la historia, donde primero hay una derrota y luego, a más largo plazo, cambian las cosas. El caso más famoso de vivienda en Sudáfrica, y muy conocido a nivel internacional, fue el caso Grootboom, del año 2000. La señora (Irene) Grootboom, en un caso de desalojo de un asentamiento informal, murió en la calle. Pero aquel caso y aquella sentencia del Tribunal Constitucional sudafricano contribuyó a cambiar las políticas públicas y las obligaciones del Estado sudafricano en relación con la vivienda.

Miles de personas marchan por las calles de Madrid hasta la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento. Piden poder acceder a una casa. Hubo manifestaciones en más de 50 ciudades españolas. Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo

-¿Pero España vive una crisis particular o está afectada a una problemática a nivel global?

-Hay diferencias. La normativa procesal, por ejemplo, de cómo se realizan los desahucios, es una normativa común para toda España. Ahí hay una carencia respecto al análisis de proporcionalidad, porque en España los jueces no tienen la obligación de analizar la proporcionalidad, caso por caso, incluyendo una mirada hacia la persona que corre riesgo de ser desalojada o también la necesidad de propiedad de la persona que arrienda. Cada juez es distinto y por eso tenemos ejemplos donde unos jueces suspenden (los desalojos) y otros jueces no. La ciudadanía, lógicamente, se pregunta qué está pasando. Y aquí es donde hay que hilar más fino y mirar la respuesta de la administración local y autonómica. Aquí (en España) es una responsabilidad local y autonómica o regional. Y hay algunos ayuntamientos que pueden responder con mayor intervención y otros ayuntamientos que quizá no actúan como deben.

-¿Cómo evalúa esa actuación en el desalojo de Maricarmen?

-Hasta el momento del desahucio, para mí queda claro que no se actúa como se debía.

De propietarios a inquilinos

-¿Qué sucedió en España para llegar a esta situación límite?

-España ha sido un país donde han cambiado muchas cosas en los últimos 15 años. Pero hasta la crisis del 2007-2008, era un país de propietarios. Con hipoteca o sin ella, el 90 por ciento de las personas vivía en propiedad privada hasta el año 2007. El alquiler representaba apenas el 5 ó el 6 por ciento. Ahora la situación ha cambiado. Ahora el alquiler, seguramente ha superado el 20 ó el 25 por ciento. Y por cuestión de necesidad. Eso difícilmente va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se regule adecuadamente.

Koldo Casla, relator de Vivienda de las Naciones Unidas, habló con Clarín sobre la crisis habitacional en España.

-¿Qué pasó para que la cantidad de propietarios e inquilinos se desequilibrara tanto?

-Habría que mirar qué pasó hace 20 años, cuando la crisis económica provocó que mucha gente fuera desahuciada. En el año 2013-2014, en España había 30.000 procesos de desahucio de alquiler y otros 30.000 de ejecución hipotecaria. Mucha gente perdió su vivienda y hubo subastas de muchos pisos (departamentos). ¿Quién se hizo con aquellas propiedades? Bajaron mucho los precios y ahí había una jugosa inversión. También se hizo más difícil para mucha gente conseguir préstamos hipotecarios. Entonces, personas que a lo mejor ganaban lo suficiente para que en el año 2005 un banco les diera un préstamo o un crédito, pues en el año 2015, aunque estuvieran en las mismas condiciones, los créditos ya no eran accesibles. Había un río revuelto y había unos pescadores avispados.

Velas y carteles recuerdan la lucha de la vecina de 87 años que fue desalojada y murió antes de firmar un nuevo contrato para poder volver a su casa. Foto: Cézaro De Luca

-¿Por qué no se reguló antes?

-Porque la clase política sigue pensando en esa idea tradicional de que en España no alquilan. Esa era la España de hace 25 años. Pero hoy por hoy hay un volumen importante de personas jóvenes que alquilan y muchas de ellas tienen dificultades para entrar en una vivienda en propiedad. Entonces tenemos que asegurarnos de que a esas personas se les de una respuesta. En Alemania, el sindicato de inquilinos tiene millones de miembros y hay 20 diputados que son parte del sindicato. En Suecia también es una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque tienen una historia de mucho tiempo donde una parte importante de la sociedad alquila.

-¿Cómo afecta al mercado de la vivienda la libre circulación de personas y bienes dentro de la Unión Europea que permite comprar casas a grupos inversores que ni siquiera son españoles ni pagan impuestos en España?

-Eso es un fenómeno también nuevo. Cuando empecé a trabajar sobre vivienda en España, en el año 2013, ya en aquel momento existían las SOCIMIs, las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, que en inglés se llaman REITs, Real Estate Investment Trust. Existía la normativa, existían algunas empresas, pero todavía no tenían propiedades. Dos años después había unas 30, pero era un parque pequeño el que tenían. Ahora los grandes tenedores y las empresas corporativas que tienen varias viviendas en alquiler, en ciudades como Madrid o Barcelona, manejan un parque importantísimo de vivienda, entre el 10 y el 20 por ciento.

-¿Cómo lo valora?

-En sí mismo no considero que un giro hacia un mercado de alquiler corporativo sea contrario al derecho internacional de derechos humanos, siempre que se regule bien. Países europeos como Austria, como Dinamarca, llevan décadas con mercados de alquiler donde los arrendadores son empresas y durante mucho tiempo eso funcionó bien siempre que haya un control democrático de su funcionamiento. Si usted va a hacer negocio en este sector, pues lo tiene que hacer cumpliendo con una serie de condiciones que le va a marcar la administración pública.

-¿Cuáles deberían ser las reglas a aplicarles en España para que el mercado funcione y los precios sean razonables?

-Asegurarse de que no compran de forma especulativa, es decir, por debajo de un porcentaje determinado del precio de mercado. Asegurarse de que mantienen las condiciones de los arrendatarios durante un determinado tiempo. Asegurarse de que hay unas obligaciones de control de subidas de precios que sean más ajustadas para los grandes arrendadores. El análisis de proporcionalidad en los casos de desahucio, donde miremos también las circunstancias personales o corporativas de esa empresa. Ese tipo de cuestiones. Son realmente medidas que ya se han discutido en el debate público en España y que se han regulado en varios países europeos.

Flores en la puerta del edificio en el que vivió durante 70 años Maricarmen Abascal. El jueves a la noche miles de personas marcharon hasta allí. Foto: Cézaro De Luca.

-¿Se puede adjudicar la muerte de Maricarmen al hecho de haber sido desalojada?

-No, no me atrevo a decir eso. No puedo decir que Maricarmen murió a causa de esto. Lo que sí puedo decir es que es una gran injusticia y que es una gran crueldad y que la rentabilidad de la inversión no compensa esa crueldad.