Mientras la administración Trump intenta volver a centrar la atención en el hemisferio occidental tras meses de guerra en Irán, los funcionarios buscan intensificar la lucha contra los cárteles latinoamericanos.

En la Asamblea General de la ONU de esta semana, se espera que funcionarios del Departamento de Estado anuncien que 14 naciones latinoamericanas y caribeñas han catalogado a 25 grupos criminales como organizaciones terroristas, según informaron funcionarios estadounidenses y latinoamericanos. Washington ya había calificado a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.

“Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué las fuerzas armadas de Estados Unidos para eliminarlos”, declaró el presidente Donald Trump el martes en un discurso ante la Asamblea General.

“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental; no son buena gente”.

Según los analistas, el hecho de que los líderes latinoamericanos designen a los mismos grupos como terroristas sienta aún más las bases para posibles ataques militares contra grupos criminales acusados ​​de narcotráfico.

Según dos funcionarios estadounidenses que pidieron permanecer en el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente, la declaración conjunta se anunciará al margen de la Asamblea General.

Escena de un asesinato en Culiacán, México, bastión del Cártel de Sinaloa, 31 de octubre de 2025. (Paul Ratje/The New York Times)

El mecanismo formal para dicha designación es el Tratado de Río, según indicaron los funcionarios, un pacto de defensa de 1947 entre más de una docena de naciones del hemisferio occidental que considera un ataque contra un miembro como un ataque contra todos.

Esta medida supondría la primera vez que un grupo de gobiernos latinoamericanos firma colectivamente una designación de terrorismo de gran alcance junto con Washington.

Los países firmantes de la declaración —que pertenecen al Escudo de las Américas, una alianza de naciones con gobiernos conservadores formada por la administración Trump— son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Perú y Paraguay confirmaron haber firmado la declaración conjunta.

El Departamento de Estado y los gobiernos de los demás países no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Ex funcionarios y expertos estadounidenses afirmaron que la medida podría tener repercusiones de gran alcance en la región.

«Lo hacen en la Asamblea General de la ONU para intentar legitimarlo», declaró Todd Robinson, quien fuera subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado durante la presidencia de Joe Biden.

«Pero creo que la estrategia es fundamentalmente errónea. Las organizaciones criminales no son organizaciones terroristas».

Robinson afirmó que Estados Unidos había logrado mayores avances en la lucha contra los traficantes en América Latina al centrarse en el "aparato de seguridad civil entrenado para perseguir a estas organizaciones: para recuperar su dinero, recopilar pruebas, acusar y enjuiciar y, bajo el estado de derecho, llevar a estas personas ante la justicia".

Por el contrario, un enfoque militarizado no ha logrado frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y podría resultar en ejecuciones extrajudiciales, afirmó Robinson.

«Ya ha ocurrido», añadió, citando ataques letales contra embarcaciones que, según la administración Trump, sin aportar pruebas, transportaban drogas.

Esos ataques, que han causado la muerte de más de 220 personas, violan el derecho internacional y podrían constituir crímenes de lesa humanidad, escribió esta semana un experto jurídico de la ONU.

Desde que Trump regresó al cargo, el Departamento de Estado ha añadido alrededor de 20 grupos latinoamericanos y caribeños a la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos.

Entre estos grupos se encuentran importantes cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa; bandas transnacionales como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela; y bandas ecuatorianas que, según funcionarios estadounidenses, suministran cocaína a los cárteles mexicanos.

Trump ha acusado a estos grupos de atacar a Estados Unidos inundándolo de drogas y migrantes a quienes ha vinculado con el crimen.

Si bien la designación de organización terrorista ofrece herramientas para congelar o confiscar activos en Estados Unidos, por sí sola no autoriza operaciones militares.

No obstante, la administración ha recurrido a estas designaciones al anunciar ataques militares.

La designación de estos mismos grupos como organizaciones terroristas por parte de países latinoamericanos parece formar parte del esfuerzo del gobierno por utilizar la fuerza militar contra dichos grupos, y por reformular lo que los críticos consideran una agenda impulsada por Estados Unidos como una prioridad regional, afirmó Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de investigación.

Sin embargo, añadió que estas designaciones podrían menoscabar la soberanía nacional y las leyes de cada país que rigen el uso de la fuerza.

Según Sánchez, calificar a ciertos grupos como organizaciones terroristas también podría dar lugar a atentados con bomba que pondrían en peligro a la población civil y podría ampliar el poder de los gobiernos para atacar a los ciudadanos, permitiendo a los funcionarios acusar prácticamente a cualquiera, incluidos los opositores políticos, de ser "proterrorista".


Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ahora enviada especial para el Escudo de las Américas, se reunieron la semana pasada en Washington con diplomáticos de las 14 naciones latinoamericanas para preparar la declaración conjunta.

Este mes, tras un viaje del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú, funcionarios estadounidenses anunciaron que 52 millones de dólares en ayuda militar se transferirían desde países de Oriente Medio y Europa a esas tres naciones, así como a Panamá, para combatir el "narcoterrorismo" y garantizar la seguridad del Canal de Panamá.

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