Los gobiernos comenzaron a poner en juego distintas estrategias para enfrentar la reciente amenaza que se expande como un virus maligno en todo el país: las amenazas de ataques en establecimientos escolares que se repiten desde que el lunes 30 de marzo un chico de 15 años, inimputable según la ley vigente, disparó con la escopeta de caza de su abuelo en el patio de entrada de la Escuela Normal N°40 de la localidad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos.
Priman diversos ejes. Están los que iniciaron caminos netamente preventivos, con revisiones de mochilas a los alumnos antes del ingreso en aquellos colegios en los que se detectaron amenazas, hasta los que preparan a los planteles docentes para hacer frente a episodios de violencia, con guías y protocolos de acción, coordinados con fuerzas de seguridad.
La Ciudad y la provincia de Buenos Aires informaron ayer a los directivos de sus instituciones educativas los protocolos y guías orientativas de actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o la presencia de armas en las escuelas. Comprende diversos pasos, desde atender las situaciones de alerta −y las respectivas comunicaciones jerárquicas y acciones administrativas internas para identificar a los autores y trabajar con los alumnos− hasta qué hacer si un chico lleva un arma a la escuela.
En todos los casos se prevén acciones diversas de trabajo pedagógico con los estudiantes y con sus familias para abordar la cuestión y se propone, también, fortalecer acuerdos de convivencia y cuidado digital, en consonancia con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fundamentalmente, se instó a los directivos a “no viralizar los mensajes, ya que se genera miedo y se estimula la repetición”.
También están los que pondrán en juego tácticas punitivas previstas en el Código Civil, por el cual se atribuye un deber de resarcimiento al responsable de un daño injustificado −el autor de las amenazas, en este caso− y, solidariamente, también a los padres por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos.
Durante el fin de semana lo había resuelto así el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien había adelantado que notificará a los padres de los jóvenes que sean hallados penalmente responsables de las amenazas detectadas en escuelas de la mayor ciudad balnearia de la Argentina. El jueves ya había sido identificado un alumno de 17 años del colegio Fray Mamerto Esquiú como autor de las intimidaciones a su escuela.
Y ayer siguió esa senda Santa Fe. En la provincia, que inmediatamente después de ocurrida la masacre de San Cristóbal desplegó equipos multidisciplinarios para llevar adelante trabajos con las comunidades educativas y delineó protocolos de acción ante nuevos episodios de esta índole, ahora se cargará a la cuenta de los padres el costo de los operativos policiales necesarios para atender cada nueva amenaza en una escuela.
Tras afirmar que las amenazas de tiroteos en escuelas “no son una broma, sino un delito” e implica montar procedimientos que tienen un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos, anunciaron que los autores de esos actos que provocan desasosiego y perjudican a miles de alumnos de todos los niveles tendrán que pagar la cuenta.
“Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberán hacerse cargo y costear el procedimiento”, anunció el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.
La ola de casos de amenazas tuvo su pico la semana pasada. El viernes pasado se sumaron 65 denuncias por amenazas, casi todas idénticas, mediante carteles dejados en baños de los establecimientos educativos.
Por eso, Cococcioni fue contundente al remarcar el alcance de las sanciones: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, subrayó.
El ministro hizo hincapié en las consecuencias que tienen estos hechos a futuro, al ser eventos punibles. Citó un ejemplo: ante la solicitud de certificados o permisos de viajes, lo acontecido puede tener antecedentes negativos, añadió.
“Cuando ocurre un hecho de las características del acaecido el 30 de marzo pasado en San Cristóbal luego aparece un segundo capítulo”, explicó el funcionario. Ese capítulo es el que se conoce como el “efecto copycat”, o de imitación, en el que las amenazas se convierten en virales, lo que hace imposible predecir si todas son falsas alarmas o determinar, en un cortísimo plazo de tiempo, si alguna es verosímil, por lo que todas las situaciones son puestas en el mismo nivel de alerta y obligan a montar operativos.
En rueda de prensa, el titular del área Seguridad de Santa Fe comentó que “ante cada denuncia, las fuerzas de seguridad intervienen de manera coordinada con la Fiscalía” y que “los procedimientos incluyen aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos con el objetivo de identificar a los responsables”.
Confirmó al respecto que “hay varios detenidos a disposición de la Justicia” tras haberse confirmado su participación en las amenazas tras los allanamientos concretados el pasado viernes.
Ante una consulta, Cococcioni explicó que muchos de estos casos no se difunden en detalle porque la mayoría de los involucrados son menores de edad, lo que exige resguardar las investigaciones dentro del marco del fuero penal juvenil.
Aun así, remarcó que las actuaciones existen y avanzan porque “el Estado toma estos hechos con la mayor seriedad”.
Sobre el monto de cada operativo que el gobierno decidió que deberán afrontarlo el alumno y/o su familia, el ministro Cococcioni indicó que cada vez que hay una denuncia son convocados a actuar policías, bomberos, dispositivos de emergencia, además de efectivos de refuerzos que se cubren con horas extra debido a que es necesario buscar fuerzas adicionales para garantizar la seguridad en el territorio provincial.
También se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, dijo que “las amenazas son delito y traen consecuencias” y destacó que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia. “Estamos construyendo herramientas que mejoran la situación”, manifestó.
Intimidación pública
Días atrás, la flamante vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, insistió en la responsabilidad de los actos por parte de menores y sus familias e instó a la comunidad educativa a seguir abordando el tema.
“Las amenazas de ataques en escuelas deben ser tomadas con seriedad porque se trata de un delito de intimidación pública, con consecuencias penales”, dijo.
Reconoció que, al igual que Santa Fe, en otras provincias están pasando por lo mismo, tema que se abordó en la reunión del jueves pasado en el Consejo Federal de Educación.
Precisamente después de esa reunión, que se desarrolló en una semana en la que arreciaron las pintadas que prometían tiroteos y muerte en los colegios (afortunadamente, ninguna en serio, aunque todas igualmente preocupantes y con consecuencias, porque muchos chicos no quisieron ir a la escuela o sus padres temieron mandarlos), las provincias desplegaron medidas preventivas.
Hubo allanamientos, operativos, inspecciones de mochilas y comunicaciones a familias y docentes.
En Salta, por ejemplo, se reforzaron los controles en el ingreso de los establecimientos educativos. En un colegio, por caso, fueron revisadas las mochilas de 400 alumnos.
En Tucumán también se intensificaron los controles y hubo un importante refuerzo de la presencia policial en las cuadras donde funcionan las escuelas del distrito.
En Corrientes, al igual que lo habían hecho en Santa Fe inmediatamente después del tiroteo en San Cristóbal, se les pidió a los estudiantes que no portaran sus mochilas y que llevaran en sus manos los útiles que usarían cada día.
La Ciudad y Buenos Aires difundieron guías y protocolos de intervención entre los planteles educativos; en Salta revisaron mochilas y otros distritos reforzaron controles; Santa Fe les cobrará a los padres de quienes difundan mensajes intimidatorios el costo de los operativos policiales Seguridad