La Legislatura de la Provincia de Jujuy informó que en la mañana de este jueves ingresó un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y el Procurador General Adjunto, Ignacio Pasquini.
El pedido, presentado por los legisladores Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, fue admitido y girado a la Comisión Investigadora para su tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 250 del Reglamento de la Legislatura.
En el escrito se solicita investigar los hechos denunciados y garantizar la preservación de pruebas y testimonios. Entre las medidas planteadas, se incluyen allanamientos en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación y en inmuebles vinculados, con secuestro de equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, documentación y demás elementos de interés.
Asimismo, la resolución establece la suspensión preventiva del Procurador General y del Procurador General Adjunto con goce de haberes, la custodia policial de los edificios del MPA y la prohibición de que los denunciados realicen actos o declaraciones que puedan entorpecer la investigación.
Posteriormente, trascendió que tanto Sergio Lello Sánchez como Ignacio Pasquini presentaron su renuncia a los cargos, en el marco de la causa en trámite.
La Comisión Investigadora continuará con el proceso, velando por el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y disponiendo de las medidas necesarias para asegurar el desarrollo transparente y riguroso de la investigación.
La Legislatura de la Provincia de Jujuy informó que en la mañana de este jueves ingresó un pedido de juicio político contra el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y el Procurador General Adjunto, Ignacio Pasquini.
El pedido, presentado por los legisladores Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, fue admitido y girado a la Comisión Investigadora para su tratamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 250 del Reglamento de la Legislatura.
En el escrito se solicita investigar los hechos denunciados y garantizar la preservación de pruebas y testimonios. Entre las medidas planteadas, se incluyen allanamientos en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación y en inmuebles vinculados, con secuestro de equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, documentación y demás elementos de interés.
Asimismo, la resolución establece la suspensión preventiva del Procurador General y del Procurador General Adjunto con goce de haberes, la custodia policial de los edificios del MPA y la prohibición de que los denunciados realicen actos o declaraciones que puedan entorpecer la investigación.
Posteriormente, trascendió que tanto Sergio Lello Sánchez como Ignacio Pasquini presentaron su renuncia a los cargos, en el marco de la causa en trámite.
La Comisión Investigadora continuará con el proceso, velando por el respeto a los derechos y garantías constitucionales, y disponiendo de las medidas necesarias para asegurar el desarrollo transparente y riguroso de la investigación. Locales