El 15 de julio del año pasado, un equipo bipartidista encabezado por las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar compartió una versión renovada de la Ley de la Dignidad (H.R. 4393). El proyecto tiene como propósito regularizar el estatus de migrantes indocumentados con gran arraigo en Estados Unidos.
Estatus legal sin “vía corta” a la ciudadanía
El programa Dignidad alcanzaría a personas que estaban en EE.UU. antes del 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta, a diferencia de las demás, no brinda una amnistía ni un camino directo hacia la ciudadanía, sino más bien un estatus legal que puede renovarse.
Los requerimientos esenciales, según los puntos oficiales del proyecto:
- Siete años de estatus legal con autorización para trabajar y viajar.
- Los participantes tienen un plazo de siete años para pagar US$7000.
- No deben tener historial penal y deben cumplir con todas las leyes federales y estatales.
- Los beneficiarios no tendrán acceso a programas de asistencia pública financiados por los contribuyentes.
Una vez completado el periodo de 7 años, los participantes pueden solicitar el “Estatus de Dignidad”, que les permite permanecer en EE.UU. indefinidamente con autorización laboral, siempre que mantengan una buena conducta legal.
Seguridad fronteriza y reforma del sistema de asilo
La Ley Dignidad propone un control operativo total de la frontera sur mediante una estrategia que cuenta con:
- Uso de drones, radares y sensores térmicos, junto con la contratación de miles de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.
- Terminar con la política de captura y liberación, creando al menos tres Campus Humanitarios donde los solicitantes de asilo serán procesados de forma acelerada.
- Se espera que la mayoría de los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 60 días (15 para la entrevista inicial y 45 para la decisión final).
- Se exigirá a todos los empleadores del país verificar el estatus legal de sus trabajadores para desincentivar la contratación ilegal.
Protección para “dreamers” y trabajadores estadounidenses
El proyecto también incorpora el Dream Act, que otorga a los jóvenes llegados en la infancia un estatus condicional por 10 años, con una vía hacia la residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o educación superior.
Además, la ley prioriza a la fuerza laboral nacional mediante el Fondo del Trabajador Estadounidense (EWF, por sus siglas en inglés).
Financiado con los pagos de restitución de los inmigrantes (estimados en US$70.000 millones), este se destinará a capacitar a trabajadores estadounidenses en oficios de alta demanda.
“Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará a un trabajador estadounidense“, detalla la propuesta.
Uno de los puntos más destacados por Salazar es que la implementación de la ley se autofinancia.
Los costos de infraestructura fronteriza y procesamiento se cubrirán mediante un “Impuesto de Infraestructura Migratoria” del 1% sobre el salario de quienes reciban permiso de trabajo bajo el programa.
Se estima que esto no solo cubrirá los gastos, sino que también ayudará a reducir la deuda nacional.
La Ley de Dignidad no ofrece amnistía ni ciudadanía directa, sino un estatus legal renovable para migrantes en EE.UU. antes de 2020; requisitos, costos y qué incluye para dreamers y control fronterizo Migraciones