SANTIAGO DEL ESTERO.- La Justicia local investiga lo que podría ser una estafa inmobiliaria con un edificio de departamentos sin terminar y dos loteos de barrios privados, con decenas de damnificados y un perjuicio estimado, provisionalmente, en más de 5 millones de dólares. Los principales acusados son el empresario Oscar Zambolín, denunciado como “jefe de una asociación ilícita”, su madre Herminia Miculan y su sobrino Facundo Suarez Zambolín, entre otras personas.
Los abogados Yasmin y José Julián −también damnificados en esta operatoria− presentaron las denuncia por “los delitos de estafa y asociación ilícita” en contra de los Zambolín, Miculan y los hermanos Díaz Pappa, dueños de una de las propiedades donde quedó a medio hacer un edificio con 36 departamentos.
El caso vio la luz en esta provincia por el medio local Info del Estero, que desnudó esta maniobra en un edificio de calle Plata 680, entre Chacabuco y Chaco, en la zona de tribunales de la capital santiagueña.
Este emprendimiento inmobiliario, en la modalidad “pozo” consta de 36 unidades, en un costo promedio de 100.000 dólares cada departamento. Debieron haber sido entregados hace más de 4 años, según los compromisos firmados y nadie pudo acceder a ellos, con cancelaciones totales y la desaparición del empresario Zambolín, de quien no hay noticias desde noviembre del 2024 y se especula que está recluido, sin acceso a ninguna comunicación.
En diálogo con LA NACION, la abogada y damnificada Yasmín Julián indicó: “Entendemos que ha habido una organización donde Zambolín es la cabeza o líder, mientras que el resto de las personas habrían actuado como partícipes”, al tiempo que agregó: “Cuando los damnificados intentamos ingresar para verificar el estado de la obra o buscar alternativas para terminarla, no se nos permitió el acceso. Incluso se cambiaron los candados del predio”.
Julián, además, señaló “hemos advertido que tanto el señor Zambolín como la señora han comenzado a desprenderse de bienes, lo que entendemos como maniobras tendientes a no cumplir con las obligaciones y la denuncia se hizo con toda la documentación respaldatoria, solicitando medidas para esclarecer lo que consideramos un vaciamiento del patrimonio del señor Zambolín”.
Según las estimaciones de los denunciantes, con este edificio no terminado y el complejo de loteos y casas en barrios cerrados en La Banda −en el kilómetro 4 de la Ruta Provincial 1, denominado “El Caldén”− y en el sur de la capital provincial, la estafa podría superar, holgadamente, los 5 millones de dólares, con más de 30 personas damnificadas, aunque las presentaciones judiciales se acumulan.
En el caso del edificio de la calle Plata al 600, con 36 unidades sin terminar, se dieron casos como el de Luis Coronel, uno de los damnificados, quien contó en el programa La Mañana de Info que en su caso le habían vendido un “departamento con cochera”, cuando este edificio no tiene estas prestaciones.
La denuncia de los Julián apunta, también, a los dueños del terreno, los hermanos Díaz Pappa, quienes suscribieron un convenio con Zambolín donde cedían la propiedad a cambio de futuros cuatro departamentos.
Tras haber sido señalados, mediante un vocero indicaron que “la familia Díaz Pappa es la primera en verse afectada por un acuerdo contractual celebrado oportunamente mediante el cual se entregaron su única vivienda a cambio de unidades funcionales en un proyecto edilicio que aún no se ha concluido”. En ese mismo descargo indicaron estar “abiertos al diálogo para la búsqueda de una solución integral”.
Para Yasmín Julián esto no es creíble ya que, en su opinión, los hermanos Díaz Pappa serían beneficiarios directos del terreno y de la obra edificada tras un contrato de permuta firmado con Zambolín ya que, según relató, el terreno habría sido entregado a cambio de departamentos dentro del mismo edificio “aunque la propiedad nunca fue escriturada formalmente”.
“Cuando los damnificados intentamos ingresar para verificar el estado de la obra o buscar alternativas para terminarla no se nos permitió el acceso. Incluso se cambiaron los candados del predio. Además tenemos entendido que los propietarios habrían comenzado a ofrecer el inmueble a terceros, lo que generó preocupación entre los compradores afectados”, sentenció la abogada Julián.
Mientras tanto en los últimos días ingresaron varias denuncias de distintos damnificados, donde acompañaron con documentos, boletos de compra y venta, como así también audios, capturas de pantalla de chats de WhatsApp donde Zambolín reconocía su demora en la entrega, pero prometía soluciones en el corto plazo y en todos los caso con la fecha de noviembre de 2024, como ultima respuesta antes de “desaparecer” y no responder a nadie.
Dos abogados denunciaron a los desarrolladores; hay 30 damnificados y el perjuicio calculado es de US$5 millones Seguridad