El Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, denunció al exembajador argentino en Venezuela Oscar Laborde por traición a la patria. Según consta en la presentación que realizaron este jueves, y a la que accedió LA NACION, el antes representante en Caracas inició gestiones por Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela y acusado de espionaje, sin ningún tipo de autorización de la Casa Rosada, que lleva adelante las conversaciones formales para pedir por la liberación del argentino.
El documento firmado por Fernando Soto, el representante legal del Ministerio de Seguridad libertario, presentó primero la visión del Gobierno con respecto al caso de Gallo, que partió para Venezuela en un viaje para ver a su familia que se encontraba allá y fue detenido por el chavismo, que no da precisiones públicas sobre el estado del gendarme.
“Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática, a través de las misiones internacionales pertinentes, el exembajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde -designado por el entonces presidente Alberto Fernández-, inició sin ningún tipo de autorización oficial gestiones internacionales, contactando a la familia del gendarme en la Argentina, a fin de entregarle ‘una carta’ a Gallo, con la colaboración del gobierno de Venezuela”, aseguraron desde el Ministerio de Seguridad en la denuncia, donde citaron publicaciones en la prensa que dan cuenta del involucramiento de Laborde en el tema.
“El denunciado se encargó de presentar como ‘irregular’ el ingreso del gendarme, ya que no habría reunido los requisitos legales para ingresar a ese país”, señalaron también sobre el accionar del exembajador, que dista de la postura del Gobierno, que presentó documentación ante la Justicia para dar cuenta de que Gallo iba autorizado a pasar unos días al país gobernado por Nicolás Maduro, de donde es oriunda su pareja, María Alexandra Gómez García.
Asimismo, desde la cartera de Bullrich indicaron en la denuncia que Laborde tuvo un obrar que no respondió a una “cuestión humanitaria”, pese a que pretende “instalarlo” así en los medios. “Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme ‘desaparecido’, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto ‘ingreso irregular’ que abonaría la inventada sospecha de ‘espionaje’, además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”, plantearon.
Convencidos en el Gobierno de que el exembajador “actuó en contra de los intereses del país, para sostener la justificación de la desaparición forzada de un argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería”, en el documento presentaron a Laborde como un “colaborador del régimen de Maduro”.
Tal como publicó LA NACION la semana pasada, Laborde formó parte de gestiones que permitieron un intercambio de cartas entre Gallo y su familia. En un diálogo con este medio, el exrepresentante -de estrecho vínculo con la primera línea chavista- confirmó esa intermediación y no cuestionó ni suscribió la tesis del gobierno de Maduro al respecto de que Gallo iba a realizar allí una “misión” para rescatar a los opositores asilados en la residencia argentina en Caracas. Al contrario, marcó “gruesos errores” del gobierno argentino, en especial de Bullrich, por autorizar la salida del gendarme.
En la denuncia que hicieron este jueves, desde el Ministerio de Seguridad aseveraron que el gobierno argentino no le solicitó a Laborde “ninguna intervención ni gestión diplomática”, ni que tampoco autorizó “ninguna acción para que realice gestiones” ante el gobierno de Venezuela. “Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al gendarme Gallo, presentando como ‘humanitario’ a un gobierno dictatorial y como ‘fascista’ a nuestro gobierno democrático, al presentar el caso como un ingreso ilegal destinado a intervenir en un país extranjero mediante un ‘servicio de espionaje’ con una fuerza de seguridad en forma ilegítima”, remarcaron.
Seguros de que Laborde pretende “dar vueltas las cosas” y arrogarse “facultades de representación internacional que, claramente, ya no posee” es que consideraron que sus actos se enmarcan en un delito de traición a la patria. “Convierte al victimario en víctima y a la víctima en victimario, cuando es exactamente al revés. Intenta justificar al gobierno venezolano como si fuera lógico y legal secuestrar a una persona por -supuestamente- no tener los ‘papeles en regla’. Le pide explicaciones a la República Argentina en lugar de pedirle explicaciones al gobierno que secuestra a un extranjero privándolo de la libertad en una ‘desaparición forzada’”, enumeraron contra el exembajador e incluso señalaron en el texto, en comparación con las épocas de la última dictadura: “Sería como preguntarles a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet por qué viajaron a la Argentina en 1977, en lugar de cuestionar a Alfredo Astiz por haberlas asesinado”.
Por todo esto, desde el área de Bullrich indicaron: “Se denuncia al exembajador Oscar Alberto Laborde por haber traicionado los intereses de la Nación argentina en un caso que resulta de una gravedad institucional inusitada en el concierto internacional de los países, obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del gendarme cuya desaparición forzada se reclama. La asunción de la gestión internacional asumida por el imputado fue realizada en contra de la gestión diplomática desplegada por nuestras autoridades, comprometiendo a nuestra Nación al presentarla como pretendiendo ‘infiltrar un espía’ en Venezuela, ingresándolo irregularmente a ese país”.
Además, insistieron con que este intento de culpar a la Argentina por el caso Gallo se basa en “hechos falsos” y en el “ocultamiento de información auténtica”, así como también remarcaron que hay una pila de información que acredita “el ingreso absolutamente regular” del gendarme a Venezuela, “constando que la finalidad de su viaje era la visita a su mujer y a su pequeño hijo de dos años de edad”.
Contra Laborde, entonces, también expresaron: “La adulteración de la verdad de los hechos fue realizada con deslealtad a la alta responsabilidad que le ha confiado la República Argentina al haberlo designado embajador en, precisamente, la República Bolivariana de Venezuela. La responsabilidad del imputado es mayor, ya que su deber de la defensa de los intereses nacionales es mayor por la jerarquía del tan alto cargo diplomático desempeñado, intereses que fueron depuestos en prioridad de mezquinos intereses políticos, con el único fin de desprestigiar y comprometer indebidamente a nuestro país, beneficiando a un gobierno que ha desplegado conductas criminales que lo comprometen internacionalmente”.
En la presentación judicial, el abogado Soto recordó la orden de captura internacional que se libró en la Argentina contra Maduro por el juez Sebastián Ramos y también señaló que Laborde está motivado por cuestiones políticas.
La ministra de Seguridad considera que el exrepresentante en Caracas se metió a negociar la liberación sin ningún tipo de autorización de la Casa Rosada; “Se superpone indebidamente a fin de justificar la criminal conducta de las autoridades venezolanas”, indicaron desde la cartera Política