El 7 de junio de 2019, 15 días antes de presentarse formalmente como candidato a presidente, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por 1 millón de dólares con Federico “Fred” Machado, el empresario que este martes la Corte Suprema decidió extraditar a los Estados Unidos, donde lo juzgarán por delitos ligados al narcotráfico y el lavado de dinero.

El contrato, al que accedió LA NACION de una fuente que lo conoció desde sus inicios, disponía que 100.000 dólares fueran abonados “en el acto de la suscripción” del acuerdo; es decir, cuando Espert estaba a dos semanas de empezar oficialmente su campaña; y el resto, “en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales”, todas de US$100.000 cada una, “a partir del mes siguiente al de la suscripción” del convenio, mediante “transferencia bancaria”.

Machado firmó el contrato como “representante” de Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala que era de él y que hoy también está investigada y que fue intervenida por la justicia estadounidense.

Machado, el mismo año de firma del contrato, le financió la campaña presidencial a Espert con vuelos en un avión privado -la Justicia detectó que fueron al menos 36- y una camioneta que puso a su disposición. En ese momento no era buscado por la justicia estadounidense. Todo esto fue admitido en las últimas horas por Espert, pero Machado habló además de otras “100 o 150 lucas” (no lo especificó, pero pareció aludir a 100.000 o 150.000 dólares) para “comida, hoteles, los aviones”. Nada de esto fue declarado como fondos de campaña.

La semana pasada, cuando todavía era el primer candidato a diputado de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Espert reconoció haber cobrado, en 2020, 200.000 dólares de Minas del Pueblo y admitió la firma de un convenio con Machado. No dijo que era por un millón de dólares ni que su redacción preveía que él recibiera pagos cuando estaba en la carrera presidencial. Dijo, por el contrario, que tuvo una reunión a mediados de 2019 con un hombre de Machado, pero que él le dijo que sólo una vez que terminara la campaña podría asumir el compromiso como asesor privado.

Espert reconoció el pago horas después de que LA NACION publicó una constancia oficial, emitida por el Bank of America, de la transferencia de 200.000 dólares que una firma ligada a Machado le había hecho a una cuenta bancaria en Nueva York. Antes, el candidato Juan Grabois había denunciado la existencia de ese pago, pero Espert se había negado a admitirlo.

Según el contrato al que tuvo acceso LA NACION, Espert aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.

En este punto, el contrato coincide con la versión de Espert -ratificada por Machado este martes- de que lo habían contratado para asesorar como economista a una minera “para la reestructuración de la deuda” que tenía.

El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y una de “expansión”. En cuanto a la refinanciación establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.

Las pautas para Espert

La redacción, poco convencional, le fijaba a Espert algunas pautas. Decía, por ejemplo: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda, es siempre preferible al concurso de acreedores”. Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona: “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirmó en el documento quien parecer ser Machado, que enumeró, como primer punto a considerar la “Estrategia de la Compañía” y dijo que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”. También sostuvo que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.

Además, el acuerdo preveía que se iba a plantear “la posible ampliación del capital, con aportes de sus accionistas u otros nuevos” y que en la propuesta habría “que buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y de los acreedores”.

“Como estas operaciones de refinanciación de la deuda suelen ser procesos largos y complejos a los que hay que dar solución, es de vital importancia involucrar a asesores legales, fiscales y financieros apoyando al equipo”, preveía el documento dentro de la descripción de las tareas.

En cuanto a la “expansión”, pautaba que se elaborara un documento que reflejara “las grandes decisiones” que iban “a orientar la marcha de la sociedad hacia la gestión de excelencia”.

Un plazo prorrogable

El contrato tenía un “tiempo estipulado para llevar a cabo el trabajo encomendado”, que era de doce meses contados a partir de la firma del convenio. Pero establecía: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”.

Las pautas de los pagos estaban claramente fijadas: Espert debía cobrar “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.

Y Machado renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada”. Es decir, Espert se garantizaba cobrar -y en dólares- sin importar lo que pasara en Guatemala.

Espert relató que el contrato no avanzó porque él debía viajar a conocer la mina y la pandemia de Covid se lo impidió.

El pacto tenía una parte dedicada a posibles “incumplimientos”. Decía: “Para el caso de que el prestador [Espert], no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente [Machado] a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador”.

En este caso, según el relato de Espert, no devolvió el dinero pese a que no terminó el trabajo, pero se debió a una razón de fuerza mayor, que fue la pandemia.

Por último, el contrato establecía que ante cualquier controversia que pudiera surgir, las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

El contrato está firmado, de puño y letra, por Espert y Machado, y está acompañado por un acta de certificación de las firmas de un escribano público de la ciudad de Buenos Aires, fechado el 19 de junio de 2019, el miércoles previo al sábado en el que Espert se inscribió como precandidato a presidente para una elección en la que superó el corte de las PASO, el 11 de agosto, y finalmente quedó sexto (con 1,5% de los votos) en las generales de octubre.

Qué había dicho Espert del contrato

Espert habló por primera vez de este contrato el jueves pasado, en el video que grabó en las oficinas de Santiago Caputo para explicar el cobro de los US$200.000. “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional».

Espert relató: “Ese mismo año, competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de este año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato”.

El sábado, en la última entrevista que dio antes de renunciar a su candidatura, ya blanqueó que el contrato lo había firmado con Machado. Dijo, en diálogo con radio Mitre: “La empresa era de Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Es un contrato de trabajo para la reestructuración de la deuda. Era un trabajo muy profundo que tenía que ver con lo que yo hice toda la deuda, un trabajo profesional como economista (…). Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado”. Según Espert, la ruptura la decidió él: “Después, cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más”. Y detalló que no devolvió el dinero. “Yo ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo”.

Espert dice que no hubo pagos previos a 2020 y, si bien no se conoce registro alguno de transferencias que lo desmientan, el contrato establecía que durante la segunda mitad de 2019 Espert debía cobrar 100.000 dólares “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.

​LA NACION accedió al documento, que preveía pagos mensuales por un año y era prorrogable; en cuanto a los pagos concretados, solo se conoce un giro de US$200.000 en 2020  Política