Las autoridades del estado de Minnesota presentaron una demanda judicial contra el Gobierno del presidente Donald Trump para intentar frenar el despliegue de agentes federales en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, en medio de una creciente tensión social y política tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La acción legal fue anunciada este lunes por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien confirmó que la presentación se realizó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota.
La demanda apunta contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según Ellison, el despliegue federal constituye una “invasión” de las llamadas Ciudades Gemelas y vulnera tanto la Constitución de Estados Unidos como las leyes federales que protegen la autonomía de los estados.
La causa fue presentada de manera conjunta por el estado de Minnesota y los gobiernos locales de Minneapolis y Saint Paul.
El impacto del despliegue federal
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó públicamente la magnitud de los operativos federales y aseguró que en algunos procedimientos participaron hasta 50 agentes para detener a una sola persona.
Según detalló, esta situación provocó el cierre de escuelas, la suspensión de actividades comerciales y laborales, un aumento de llamadas al 911 y una sobrecarga en los recursos de la policía local.
Las autoridades locales sostienen que la presencia masiva de fuerzas federales generó temor en la población, que evita salir de sus casas incluso para trabajar, comprar alimentos o acceder a atención médica.
El caso Renee Nicole Good
La demanda se inscribe en un contexto de protestas y fuerte debate público tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida días atrás durante un operativo del ICE. El hecho derivó en manifestaciones y reclamos contra el accionar de las fuerzas federales.
Tras el incidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el envío de “cientos” de agentes adicionales para reforzar la seguridad del personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con datos oficiales, el despliegue pasó de 2.100 a unos 3.100 efectivos en la región.
Posturas enfrentadas
El Gobierno federal defendió el accionar del agente involucrado en la muerte de Good, al sostener que actuó en defensa propia y al calificar el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”, según la versión oficial.
Desde Minnesota, Ellison amplió el alcance de la demanda y afirmó: “Alegamos que el ataque evidente a Minnesota por nuestra diversidad, nuestra democracia y nuestras diferencias de opinión con el Gobierno federal es una violación de la Constitución y de la ley federal”.
El DHS rechazó las acusaciones. Su portavoz, Tricia McLaughin, sostuvo que las políticas migratorias del presidente Trump “buscan proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley”, y acusó a las autoridades estatales de priorizar intereses políticos.
La Casa Blanca también criticó la demanda y la calificó como una “maniobra patética”, en línea con el discurso oficial que respalda una política migratoria estricta y una mayor intervención federal en estados gobernados por demócratas.
Un conflicto abierto
Las protestas continúan en Minneapolis y Saint Paul, mientras organizaciones civiles denuncian la militarización de la seguridad pública y su impacto en la vida cotidiana. La demanda mantiene abierto un debate nacional sobre los límites del poder federal, el control local de la seguridad y la protección de los derechos civiles.
Minnesota se convirtió así en un nuevo foco de tensión entre gobiernos estatales y la administración Trump, en un conflicto que ahora quedó en manos de la Justicia federal.
Las autoridades del estado de Minnesota presentaron una demanda judicial contra el Gobierno del presidente Donald Trump para intentar frenar el despliegue de agentes federales en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, en medio de una creciente tensión social y política tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).La acción legal fue anunciada este lunes por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien confirmó que la presentación se realizó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota. La demanda apunta contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).Según Ellison, el despliegue federal constituye una “invasión” de las llamadas Ciudades Gemelas y vulnera tanto la Constitución de Estados Unidos como las leyes federales que protegen la autonomía de los estados. La causa fue presentada de manera conjunta por el estado de Minnesota y los gobiernos locales de Minneapolis y Saint Paul.El impacto del despliegue federalEl alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó públicamente la magnitud de los operativos federales y aseguró que en algunos procedimientos participaron hasta 50 agentes para detener a una sola persona. Según detalló, esta situación provocó el cierre de escuelas, la suspensión de actividades comerciales y laborales, un aumento de llamadas al 911 y una sobrecarga en los recursos de la policía local.Las autoridades locales sostienen que la presencia masiva de fuerzas federales generó temor en la población, que evita salir de sus casas incluso para trabajar, comprar alimentos o acceder a atención médica.El caso Renee Nicole GoodLa demanda se inscribe en un contexto de protestas y fuerte debate público tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida días atrás durante un operativo del ICE. El hecho derivó en manifestaciones y reclamos contra el accionar de las fuerzas federales.Tras el incidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el envío de “cientos” de agentes adicionales para reforzar la seguridad del personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con datos oficiales, el despliegue pasó de 2.100 a unos 3.100 efectivos en la región.Posturas enfrentadasEl Gobierno federal defendió el accionar del agente involucrado en la muerte de Good, al sostener que actuó en defensa propia y al calificar el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”, según la versión oficial.Desde Minnesota, Ellison amplió el alcance de la demanda y afirmó: “Alegamos que el ataque evidente a Minnesota por nuestra diversidad, nuestra democracia y nuestras diferencias de opinión con el Gobierno federal es una violación de la Constitución y de la ley federal”.El DHS rechazó las acusaciones. Su portavoz, Tricia McLaughin, sostuvo que las políticas migratorias del presidente Trump “buscan proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley”, y acusó a las autoridades estatales de priorizar intereses políticos.La Casa Blanca también criticó la demanda y la calificó como una “maniobra patética”, en línea con el discurso oficial que respalda una política migratoria estricta y una mayor intervención federal en estados gobernados por demócratas.Un conflicto abiertoLas protestas continúan en Minneapolis y Saint Paul, mientras organizaciones civiles denuncian la militarización de la seguridad pública y su impacto en la vida cotidiana. La demanda mantiene abierto un debate nacional sobre los límites del poder federal, el control local de la seguridad y la protección de los derechos civiles.Minnesota se convirtió así en un nuevo foco de tensión entre gobiernos estatales y la administración Trump, en un conflicto que ahora quedó en manos de la Justicia federal. La Voz