“Leonardo Airaldi, a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”. La frase, pronunciada en voz firme por un agente del SPF, abre los tres videos del operativo y marca el inicio del traslado. Mientras escucha, Airaldi permanece de pie, esposado, equipado con casco y chaleco antibalas, rodeado por personal táctico que verifica posiciones y repasa el procedimiento.

El operativo formó parte de un movimiento de seguridad calificado como “sensible”, adoptado en la antesala del juicio por narcotráfico que se reprogramó para el 3 de marzo y también a raíz de la causa paralela que investiga un plan criminal para asesinar a funcionarios judiciales y provinciales que habrían planeado el “gaucho” narco.

El traslado no se limitó a un simple cambio de unidad: implicó una modificación de régimen para Airaldi, conocido como el gaucho narco, cuyo nuevo alojamiento contempla restricciones más estrictas, controles más frecuentes y un nivel de vigilancia diseñado para internos considerados de riesgo elevado por su capacidad operativa o por antecedentes de maniobras externas.

Según la investigación judicial, Airaldi había estructurado un complot para matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal federal José Candioti y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El plan se iba a concretar la semana que está terminando.

Para ello, el gaucho narco habría contratado a dos sicarios uruguayos, con un pago estimado en US$40.000, y había realizado averiguaciones sobre rutinas y desplazamientos de los funcionarios. El plan se malogró a partir de un aviso de otro narco preso al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que alertó a la Justicia sobre movimientos sospechosos dentro del penal donde el detenido estaba alojado. Ese informe derivó en allanamientos urgentes, en los que se secuestraron teléfonos, anotaciones y dosis de cocaína, todo incorporado como parte del cuadro probatorio que rodea al gaucho narco.

La declaración del otro interno resultó determinante, al describir conversaciones en las que Airaldi habría manifestado su intención de concretar los homicidios mediante asesinos a sueldo. Ese testigo aportó detalles del supuesto plan y permitió reconstruir la secuencia en la que el detenido hablaba de dividir tareas entre dos vehículos, coordinar ataques en territorio uruguayo y disponer métodos para eliminar rastros. Con esos elementos, la Justicia ordenó medidas de protección reforzada para las potenciales víctimas y abrió una investigación independiente, a cargo del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, que avanza en paralelo al expediente principal.

Por qué será juzgado

Mientras tanto, la causa madre se centra en el tráfico de cocaína mediante el uso de una isla del río Paraná como plataforma de llegada, almacenamiento y circulación de cargamentos. Parte del caso se inició de manera fortuita: una denuncia por violencia de género permitió que la policía encontrara 28 ladrillos de cocaína en una vivienda situada en Puerto Gaboto, con etiquetas compatibles con envíos hacia Dubái. Ese hallazgo se vinculó, por fechas e indicios, con un decomiso mayor: el 26 de agosto de 2022, la Policía Federal incautó 1600 kilos de cocaína en un galpón de Rosario. 16 días antes habían aparecido los casi 29 kilos del primer procedimiento, ocultos bajo una cama en la casa del puestero.

Para los investigadores, esos elementos consolidaron la hipótesis de una estructura logística sostenida, de la cual Leonardo Airaldi era uno de los engranajes centrales.

El recorrido procesal del imputado incluye, además, una detención previa en Rosario, ocurrida el 22 de julio de 2023, cuando Gendarmería lo arrestó en una VW Amarok donde se secuestraron armas, droga y teléfonos. Ese vehículo quedó asociado a la estructura del narcotraficante bonaerense Miguel “Mameluco” Villalba y ayudó a delinear las conexiones de Airaldi con organizaciones que operan en distintos puntos de la región.

En el expediente constan también comunicaciones peritadas, registros de movimientos y testimonios que describen el uso de la isla como punto de desembarco de embarcaciones de alta velocidad vinculadas al tráfico de cocaína.

​a. El movimiento se dispuso como refuerzo de seguridad tras la revelación del complot para asesinar a un juez federal, un fiscal y un ministro entrerriano, y el detenido quedó alojado en un pabellón de alto riesgo del complejo penitenciario  Seguridad