Una reunión atrajo en los últimos días la atención de los abogados que ajustan sus estrategias de defensa luego de que la Justicia empezara a investigar la sustracción de drogas para anestesia del Hospital Italiano de Buenos Aires y la muerte del médico Alejandro Zalazar. Fue en la sede de la entidad que nuclea a los anestesiólogos del área metropolitana, donde una residente del Hospital Rivadavia que conocía a Zalazar dijo haber consumido medicamentos obtenidos de ese centro porteño y, “en una única oportunidad”, junto a él.
El encuentro con Chantal “Tati” Leclercq, residente de tercer año de anestesiología en el Rivadavia, ocurrió el 9 de marzo pasado en la Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba). A partir de sus dichos, la Secretaría de Acciones Institucionales de la entidad abrió un sumario de investigación para revisar la conducta de la médica que fue suspendida hasta que se definan esas actuaciones internas.
Los médicos que concursan en las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano, excepto en La Plata, para seguir la residencia en anestesiología se tienen que inscribir en la Aaarba, que dicta con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires la carrera de la especialidad.
Leclercq concurrió ese día a la entrevista con un comité de la Aaarba, como también lo hizo Manuel Carcar, jefe de Anestesiología del Rivadavia. Fue luego de que el profesional comunicara a esa área de la asociación su preocupación por un “consumo de sustancias” que la residente del servicio le había manifestado. Ese “historial”, que incluía “diversas drogas de uso recreativo”, databa desde antes del ingreso a la residencia y siguió, después, ya con drogas “de uso habitual” durante las cirugías. Nombró propofol, fentanilo, midazolam y ketamina, productos de uso institucional. Refirió que eran sustancias obtenidas del Rivadavia, pero que el consumo había sido fuera del hospital.
“De haber usado drogas pertenecientes a una institución pública para el consumo privado es lo que podría constituir un delito y lo que impulsa a ampliar la denuncia oportunamente formulada”, planteó, de hecho, la Aaarba en la presentación judicial que formuló luego de ese encuentro.
Ese primer relato de Leclercq tiene otros puntos de interés para los abogados de parte que están interviniendo en la causa que investiga la sustracción de drogas para anestesia, analgesia y sedación que se habrían utilizado en reuniones organizadas con participación de profesionales de la salud. Hacía tres semanas que Zalazar, que había completado la residencia en anestesiología en diciembre del año pasado en el Hospital Rivadavia, apareció sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo, con una vía colocada en el pie derecho. La policía secuestró fármacos para anestesia e insumos que se utilizan para administrarlos.
Leclercq se refirió al “vínculo de amistad” con su excompañero de residencia, similar al que tenía con Delfina “Fini” Lanusse, otra residente de tercer año de anestesiología, pero en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Dijo que con Zalazar había consumido propofol una vez, mientras que sobre Lanusse habló de “encuentros” para el consumo de “sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos”, reuniones en las que la médica dijo que no habían coincidido sus dos amigos.
Como ya había trascendido, Leclercq dijo a las autoridades de la Aaarba que había abandonado el consumo de esos medicamentos de uso hospitalario exclusivamente desde septiembre del año pasado. Sin embargo, agregó que en un viaje a Colombia con Lanusse en enero de este año habían consumido drogas, como cocaína y micropunto.
La reunión abrió también una investigación interna en el Hospital Rivadavia. La semana pasada, el Ministerio de Salud porteño implementó un protocolo de aplicación obligatoria en toda la red de hospitales para reforzar los controles internos desde la dispensa de los medicamentos en las farmacias hasta el descarte.
“No tenemos faltante de unidades documentado”, dijeron desde esa cartera ante la consulta de este medio a propósito del documento que recibieron los directores. Claro que, en la respuesta, se referían a ampollas u otros envases de medicamentos hospitalarios cerrados. El protocolo apunta a reducir las posibilidades de sustraer las drogas una vez abiertas para administrar a los pacientes.
Al finalizar la entrevista en la Aaarba, las autoridades de la Secretaría de Acciones Institucionales le indicaron a Leclercq sacar licencia e iniciar un tratamiento por el consumo de drogas. La médica debía concurrir a la asociación por el sumario abierto y, según se pudo saber, no se habría presentado por asesoramiento letrado.
El testimonio de la residente ante la asociación de anestesiólogos derivó en una investigación interna en medio de la causa por la sustracción de fármacos Sociedad