El padre de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia con traumatismos en su cabeza tras ingresar de emergencia al Hospital Regional de esa ciudad chubutense, solicitó, a través de su abogado, que tanto la madre del menor, Mariela Altamirano, como su pareja sean detenidos, sospechados de ser los principales autores del presunto homicidio agravado de la víctima, según pudo saber LA NACION.
De esta manera, y en nombre de Luis López, el papá del niño, el letrado amplió la denuncia original por considerar que hay suficientes pruebas contra la mamá de Ángel, quien al momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer.
De acuerdo al pedido de la querella al que accedió este diario, la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González [la pareja de Altamirano] ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”, indicó el abogado del padre del menor.
Castillo dijo tener prueba testimonial de al menos cuatro testigos directos que “acreditarían la violencia ejercida por González sobre Ángel, los gritos del menor, la quema de evidencia el día del hecho, las circunstancias del traslado al hospital, los antecedentes de maltrato de Altamirano contra su primer hijo y el plan concreto de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones”.
A su vez, en el mismo requerimiento, la querella apuntó contra los funcionarios judiciales que, en su momento, y en el marco de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, habrían desoído al papá de Ángel. “El padre me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar los intereses del niño”, dijo Castillo en diálogo con LN+.
Para la querella, una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo, según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo, “el niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector previo”, esto es el padre y su madrastra, Lorena Andrade.
En la ampliación de la denuncia, Castillo acusó al juez de familia Pablo Pérez y a Verónica Roldán, asesora de familia, de haber escuchado al niño, que no reconocía a Altarmirano como progenitoria pero sí a Andrade, y que, pese a ello, “se dictó una restricción perimetral que prohibió a la familia paterna todo contacto con Ángel”.
“El magistrado Pérez despachó favorablemente la restricción sin ponderar que, al cortar todo vínculo entre el niño y su entorno protector, lo estaba dejando en estado de absoluto desamparo, a merced exclusiva de una madre con antecedentes de maltrato y de un padrastro que ejercía violencia contra él. Esta restricción no fue una medida de protección: fue el acto final de la cadena que aisló a la víctima con sus agresores”, se agregó en el pedido de la querella.
Ahora es la fiscalía a cargo de la investigación la que tiene que decidir si eleva ese requerimiento Seguridad