Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados se aprestan a convertir esta noche en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.
Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votarán en contra de la reforma-, los libertarios estiman que la votación (prevista para esta madrugada) arrojará entre 135 y 140 votos positivos.
El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que hoy rige sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmienten que la provisión de agua esté en peligro.
Sus detractores, en cambio, enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva ya que, a su juicio, viola los presupuestos mínimos de conservación.
En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos de la iniciativa, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual de protección de los glaciares –su importancia hídrica- “no se modifica” con la reforma.
El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué reas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no.
“Hoy el Ianigla (el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología) no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.
“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.
La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.
La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.
“El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo.
También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió.
“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo“, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.
El debate divide aguas en el recinto, donde los críticos de la iniciativa advierten que es motorizada por las empresas mineras Política