Hay problemas que ni siquiera los programas más sofisticados de inteligencia artificial pueden resolver. Entre ellos, ¿Cuánto aumentó el alquiler de un DVD el último mes? ¿Cuánto valen un contestador automático, una máquina de fax, un calendario, o un tocadiscos? ¿Y la conexión a internet desde un locutorio? Sin embargo, todas estas y muchas otras preguntas difíciles las debe responder el Indec todos los meses para poder calcular el índice de precios al consumidor (IPC) y por lo tanto la inflación, que es la variación porcentual del IPC de un mes a otro.
Para calcular el IPC, primero los organismos estadísticos del mundo realizan exhaustivas encuestas para estimar las canastas de consumo de una familia prototípica del país. No solamente qué productos o servicios se consumen, sino también qué porcentaje del presupuesto familiar representa cada uno de ellos. Como los patrones de consumo cambian con el tiempo respondiendo a innovaciones en productos y servicios, a cambios en los precios relativos y a cambios de preferencias, estas canastas se deben actualizar cada cinco años según las recomendaciones del FMI. En la región, se suelen actualizar cada cinco años como en el caso de Chile, o hasta 10 años como en el caso de Colombia. Estados Unidos la actualiza cada dos años.
Mientras el Gobierno busca aprobar ahora en Diputados el proyecto de Modernización laboral en el Congreso –luego de la media sanción en el Senado, y sin el capítulo impositivo-, el sector empresarial en su conjunto reclama que el Estado, en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, ponga al tope de la agenda una nueva ronda de baja de impuestos.
Según la visión de los empresarios, sería una condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la competitividad, que impulsaría un despegue de la actividad económica, dando lugar a un renovado incentivo a la inversión y a partir de allí la generación de empleo. Es un círculo virtuoso, en el que la reducción de la presión tributaria es un eslabón clave.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, confirmó que la central obrera definirá en una reunión, este lunes, la fecha en la que realizará un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que tuvo media sanción del Senado la semana pasada. Según el sindicalista (líder del gremio de trabajadores del vidrio), “están dadas las condiciones” para convocar a la huelga.
La CGT tendrá este lunes una reunión “urgente” de su consejo directivo. El encuentro iba a realizarse a mediados de la semana, pero se adelantó. Jerónimo dijo a Radio 10 que la cumbre tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados “ y definir “la fecha de un paro nacional, al considerar que existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza”.
A través de un procedimiento administrativo que tuvo distintos pasos, la Cancillería renovó un contrato vigente desde 2018 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático. La firmante del contrato por la entidad educativa es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según la información, publicada originalmente por la agencia de noticias NA y confirmada por fuentes oficiales, “la contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por el que la esposa del ministro es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la operación luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo. El contrato, a propuesta este año de la propia Roulliet, asciende a poco más de $113 millones, y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes a capacitar desde marzo a noviembre de este año, entre cursos regulares, talleres y test de nivelación.
CÓRDOBA.− Aunque el oficialismo nacional no espera sobresaltos en el acuerdo alcanzado entre la Casa Rosada y los gobernadores para la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, en las últimas horas se multiplicaron los ruidos por la forma en que se pagan las licencias por enfermedades y accidentes en el texto aprobado y algunos legisladores alineados con los mandatarios podrían sumarse a los que piden cambios.
La preocupación más fuerte de los gobernadores en el origen de la discusión era la reducción de Ganancias para empresas y su impacto en la coparticipación. Eliminado ese punto, se dieron por satisfechos y habilitaron sus votos en el Senado. El cuidado de las arcas provinciales fue el aspecto que concentró toda la atención de los mandatarios, que prácticamente no se involucraron en el debate de los aspectos laborales en sí de la reforma.
Los manuales sobre técnicas de reanimación deberían actualizarse con urgencia. En muy poco tiempo, los principales dirigentes y legisladores mileístas han demostrado un singular talento para revivir a adversarios moribundos.
El tratamiento y la aprobación de la reforma laboral en el Senado por una amplia mayoría (un hito desde la recuperación de la democracia) debería encabezar el nuevo manual de reanimación. Justo cuando todo indicaba que, por el contrario, semejante logro político-parlamentario daba insumos para empezar a imprimir el certificado de defunción del peronismo del siglo XXI y el paso por Diputados debía sumar nuevos elementos letales.
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a LA NACION.
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
La senadora nacional Patricia Bullrich adelantó este domingo por la noche que el Gobierno analiza introducir cambios en el artículo 44 del capítulo VII de la reforma laboral, vinculada al régimen de licencias por enfermedad y que fue motivo de críticas por la reducción salarial prevista para quienes se ausenten por motivos de salud y con el objetivo de avanzar con la aprobación.
Según explicó la presidenta del bloque de LLA, los cambios apuntarían únicamente a enfermedades “severas, degenerativas” y “fehacientemente comprobables”, con el objetivo de que esos trabajadores mantengan el cobro íntegro de sus haberes. En ese sentido, sostuvo que “existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, al justificar la necesidad de controles más estrictos.
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios Política