Por dos votos de diferencia y la negativa del kirchnerismo, el Senado aprobó en su última sesión, a modo de reparación, el ascenso de 21 militares a los que el gobierno de Cristina Kirchner les había negado en 2010 la promoción al grado inmediato superior por “portación de apellido”. El argumento no escrito, impulsado por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, era que dichos oficiales tenían parentescos de sangre con militares que habían actuado en la última dictadura militar.
Se trata de 15 tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada, a quienes ahora se les reconoce el ascenso, con retroactividad a 2018. Todos ellos seguirán en situación de retiro.
El acuerdo para los ascensos, a partir de un proyecto impulsado por el ministro de Defensa, Luis Petri, fue aprobado por 36 votos a favor y 34 en contra, en el comienzo de la maratónica sesión del jueves, en la que la oposición volteó cinco decretos del presidente Javier Milei, además de aprobar un proyecto de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica.
La votación del Senado producirá, así, los ascensos de los tenientes coroneles Guillermo Alejandro Saa, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Eduardo Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattáneo, Julio Héctor Balloffet, Oscar Santiago Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Leonardo Tagni y Antonio Agustín Duarte. A todos ellos se les reconocerá el grado de coronel.
Además, serán promovidos los capitanes de fragata Eduardo Enrique Pizzagalli, James Ronald Whamond, Gustavo Ignacio Barreto Neuendorf, Jorge Emilio Sciurano (veterano de Malvinas), Marcelo Rodolfo Barbich y Juan José Lucena. Pasarán a tener la jerarquía de capitantes de navío.
“Portación de apellido”
La decisión de marginar a oficiales que estaban en condiciones de ascender fue una modalidad que caracterizó el manejo de los ascensos en las Fuerzas Armadas durante el período kirchnerista, en especial en la gestión ministerial de Garrré. El bloqueo a las promociones dio lugar al retiro de los militares afectados, en una medida que generó polémica en las Fuerzas Armadas.
En desacuerdo con la política de “portación de apellido” y la decisión de “cortarles la carrera” a oficiales bajo su mando, el general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero pidieron su propio pase a retiro. El gesto no fue acompañado por el resto de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
“Se les cortó la carrera por un motivo ajeno a su desempeño profesional y ahora, aunque sea tarde, llega la reivindicación”, celebró un oficial retirado, al ser consultado por LA NACION.
El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Luvero Torrres, consideró en un comunicado que la medida del Senado constituye una “reparación tardía y parcial, tras años de atropellos y persecución”.
“Estos oficiales, propuestos en su momento por las juntas de calificaciones, fueron injustamente postergados durante la gestión de la entonces ministra Nilda Garré, no por su desempeño profesional, sino por ser familiares de oficiales que revistieron durante el gobierno militar. A esta discriminación arbitraria se sumó la imposición del retiro obligatorio, cercenando carreras y aspiraciones legítimas en un hecho de persecución sin precedentes”, señaló Lucero Torres.
Argumentó que “los años de servicio y las oportunidades de mando perdidos ya no podrán ser restituidos, aunque al menos se reconoce la injusticia cometida”.
El Senado aprobó el acuerdo para promover a 15 tenientes coroneles y seis capitanes de fragata, a quienes la gestión de Nilda Garré les había negado la promoción por tener lazos familiares con “militares de la dictadura” Política